Llega el juicio de las VTC, clave para el futuro de Uber y el taxi

El martes se celebrará en el Supremo la vista entre la CNMC y Fomento por la limitación a las licencias VTC

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La guerra entre el gremio del taxi y compañías como Uber y Cabify vivirá un capítulo determinante el próximo martes 17 de abril. Ese día, arrancará el juicio en el Tribunal Supremo por el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el decreto que el Ministerio de Fomento aprobó en 2015 para regular las licencias para vehículos de alquiler con conductor, las denominadas VTC, usadas por las plataformas digitales. La sentencia, que se conocerá unos días después, dictaminará si se mantienen o se anulan las actuales limitaciones a la actividad.

La normativa establece una serie de restricciones, como un límite para la concesión de licencias VTC (no se puede otorgar más de una licencia por cada 30 taxis) o la prohibición a estos vehículos de realizar más de un 20% de los servicios fuera de la región donde se ha concedido, así como a buscar clientes por las calles.

De un lado, junto a la CNMC, participarán en la vista Uber, Cabify y la patronal de las empresas de vehículos VTC, Unauto. Tanto el organismo supervisor como las compañías consideran que la normativa restringe la competencia, al imponer “límites cuantitativos” a la autorización de licencias o prohibir que los coches VTC puedan circular en las vías públicas en busca de clientes. Apuntan además que no están justificadas.

Sin embargo, habría diferencias, pues Cabify y Unauto no serían favorables a una eliminación total de las restricciones, pues eso rebajaría el precio de las licencias VTC que poseen.

Por su parte, del lado de Fomento se situarán los taxistas y diversas administraciones autonómicas y locales, que quieren que se mantengan los ratios. El gremio clama contra la liberalización del sector y ha protagonizado varias huelgas en todo el país contra la actividad de Uber y Cabify, a las que acusan de competencia desleal.

La CNMC recurrió el decreto ante el Supremo en julio 2017, después de presentar un recurso contencioso-administrativo previo ante la Audiencia Nacional, que desestimó su competencia al respecto. Desde entonces, y hasta la resolución, el negocio de las licencias VTC y la petición de autorizaciones ha ido creciendo, confiando en que finalmente se liberalice el sector.

Fedetaxi, la asociación gremial mayoritaria del taxi, cifra en 8.000 millones de euros el daño a su negocio de la desregularización. Calcula el valor medio de una licencia de taxi en 104.000 euros, por los 63.000 euros que, aseguran, han alcanzado las VTC. Actualmente hay 64.533 licencias de taxi, de las 71.839 en conjunto de ambas modalidades.

Segundo golpe en la UE a UberEl juicio sobre la limitación de las VTC que marcará el futuro de Uber en España llega apenas una semana después de que la multinacional estadounidense sufriera un nuevo golpe por parte de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) pronunció a favor de que los países miembros puedan prohibir y sancionar con multas y penas de prisión al servicio Uberpop, una modalidad que recurre a conductores no profesionales y que ya no se ofrece en nuestro país.

La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo tiene como origen una norma que aprobó Francia hace cuatro años, y que contempla sanciones de hasta 300.000 euros y penas de prisión de hasta dos años para los servicios que, como UberPop gestionen la conexión entre conductores y viajeros sin licencia de transporte. Uber fue encausada en el país galo y solicitó amparo a la Justicia comunitaria alegando que es un servicio digital y que el Gobierno francés no puede adoptar una norma sobre este tipo de plataformas sin notificarla previamente a la Comisión Europea.

Sin embargo, el TJUE ha recordado la sentencia emitida el pasado diciembre por el mismo tribunal que determinaba que el servicio UberPop se enmarca dentro del ámbito del transporte y no constituye un servicio de la sociedad de la información, por lo que debe someterse a la regulación que rige este sector en cada país miembro. Concluye, por tanto, que las autoridades francesas no estaban obligadas a comunicar a Bruselas el proyecto de ley.

Marta Fernández · El Boletín 

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