Ayuntamiento de Málaga se compromete a estudiar medidas que limiten la actividad de los VTC

Un centenar de taxistas se concentran a las puertas del Consistorio para exigir una regulación

concentración Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha adquirido este jueves por mandato del pleno municipal el compromiso de estudiar medidas para regular y limitar la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) mientras taxistas se han concentrado a las puertas de la Casona tras comprobar que el panorama apenas ha cambiado desde el decreto que el Gobierno aprobó el 28 de septiembre y que fue convalidado por el Congreso el 25 de octubre para habilitar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a regular la actividad de estos servicios que se prestan a través de plataformas como Uber y Cabify. Convocados por el grupo de movilización de la Costa del Sol constituido tras las protestas del pasado verano se han reunido cerca de un centenar de conductores (a pie para no complicar aún más el tráfico en el Centro por las obras de la Alameda) para solicitar al equipo de gobierno de la capital que empiece a trabajar ya en la puesta en marcha de medidas que regulen la actividad de los VTC. «Hay un decreto que permite a los ayuntamientos regular estos servicios al igual que hacen con nosotros. Mientras no sea así, seguirán trabajando de una forma desleal», ha afirmado la portavoz de este colectivo, Alicia Cárdenas, quien ha lamentado que esta reivindicación no haya contado con el respaldo de las asociaciones mayoritarias del sector.

Mientras tanto, en el Salón de Plenos ha salido adelante por unanimidad una moción de Málaga Ahora para convocar una mesa de trabajo para introducir algún tipo de limitación además de estudiar un mapa de afluencia para establecer zonas en las que los VTC no podrán permanecer estacionados a la espera de que les salga un servicio a través de la app, ya que estos vehículos sólo pueden operar bajo precontratación. Durante el debate han intervenido Miguel Ángel Martín (Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi, AMAT) y Jesús Báez (coordinador del grupo de movilización) para advertir del «riesgo que esta competencia desleal supone para el taxi» y para reclamar al Ayuntamiento que «se ponga ya a trabajar». En este sentido, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso ha querido dejar claro que antes de dar cualquier paso habrá que esperar al desarrollo del decreto aprobado por el Gobierno, remarcando que a nivel recta se está trabajando de forma coordinada con el resto de ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Federación Andaluza (FAMP).

Lo que el sector del taxi reclama es que las administraciones se pongan ya a trabajar en la implantación de una segunda licencia para los VTC que será necesaria para que puedan servicio íntegramente en una determinada ciudad. Así lo contempla la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aunque da cuatro años de margen para que sea obligatoria esta segunda autorización, que será complementaria a la nacional, la cual seguirá vigente para trayectos entre distintos municipios. Mientras tanto, para lo que sí que tienen potestad los ayuntamientos es para regular la actividad mediante turnos de trabajo, el sistema de contratación, el régimen sancionador e incluso las características técnicas de los vehículos, al igual que ya hacen con el taxi. En este sentido, el sector tradicional considera que un paso a dar sería restringir la circulación en determinadas zonas, como puede ser el Centro de Málaga.

Como ya informó este periódico, los ayuntamientos de la Costa (la zona del país con mayor competencia entre ambos servicios con una licencia de VTC por cada 2,3 taxis) no se atreven a mover ficha hasta tenerlo todo bien atado y, mucho menos, a tomar medidas cada uno por su cuenta. Los equipos jurídicos y técnicos de los ayuntamientos de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella siguen analizando todos los pormenores del decreto, pero ponen sus miras en la Junta de Andalucía con la premisa de que sea la Administración regional la que establezca una hoja de ruta. La cuestión es que la maquinaria autonómica está a expensas del resultado de las elecciones de este domingo.

Diario Sur

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