El Govern estudia limitar la contratación inmediata del servicio de Uber y Cabify en Cataluña

La Generalitat aprobará pronto dos nuevos decretos que modificarán la ley catalana de transportes e incluirán una nueva limitación a la actividad de las empresas VTC

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El Govern aprobará pronto dos nuevos decretos que modificarán la ley catalana de transportes e incluirán una nueva limitación a la actividad de las empresas VTC. El primero de ellos servirá para habilitar a todos los ayuntamientos de Cataluña a regular las VTC y, el segundo, será para habilitar al AMB.

Una vez se hayan aprobado los decretos, el AMB podrá empezar a regular las VTC y sentar las bases sobre las medidas que se van a tomar. Una de estas medidas es eliminar la inmediatez del servicio de las VTC y su prestación y, por lo tanto, establecer como requisito indispensable la precontratación de los servicios para las multinacionales Uber y Cabify.

En las reuniones que han mantenido estas últimas semanas el Govern y los taxistas catalanes, el gremio solicitaba que se fijase un plazo de precontratación de 24 horas, pero finalmente ha sido rebajado estableciendo un plazo de entre 6 y 12 horas de antelación.

La medida, impulsada personalmente por el consejero de Transportes, Damià Calvet, será anunciada en los próximos días, aunque todavía no hay nada oficial y la Generalitat solo ha confirmado que “está estudiando la viabilidad jurídica”. Por su parte, las asociaciones de taxistas han puesto mañana, viernes 11 de enero, como fecha límite para que el Govern les confirme que esta línea de actuación no se va a traspasar.

Se espera que el decreto se apruebe antes del 25 de enero para someterlo a consulta pública en marzo y que sea aprobado de forma definitiva en abril.

Hacer público su algoritmo de precios

A su vez, según el texto al que ha tenido acceso YOTAXI, el AMB regulará otras condiciones de prestación como los horarios, descansos, tipología de vehículos, registro de servicios y otras cuestiones como la contratación laboral y seguridad viaria de los conductores asalariados.

Asimismo, también exigirá la transparencia en las tarifas aplicadas y tenerlas publicadas en todo momento, lo que supone que las empresas de VTC tendrán que hacer público su sistema tarifario y, por lo tanto, el algoritmo informático que quieren mantener en secreto. De este modo, los clientes sabrían de donde salen los precios dinámicos de las multinacionales como Uber y Cabify.

Además, el texto apunta que los coches VTC tendrán que registrarse en un servicio habilitado por el AMB y que deberán mantenerse conectados para vigilar los servicios contratados. La prestación de servicios sin la correspondiente inscripción será tipificada como una infracción muy grave.

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