La Generalitat abre un expediente informativo a Cabify

El departamento de Territorio y Sostenibilidad establece un plazo de diez días hábiles para que la empresa aporte la documentación acreditativa de los términos en los que se contrata y se presta el servicio de VTC

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El departamento de Territorio y Sostenibilidad ha abierto un expediente informativo a la empresa Prestige & Limousine, del grupo Cabify, porque la información que facilitan a sus clientes sobre el tiempo de precontratación -15 minutos en el primer servicio- no aparece en el contrato posterior.

Según ha informado el departamento de Territorio, el departamento “exige” a la compañía que aclare los términos de contratación y prestación del servicio de alquiler de vehículos con conductor (VTC).

El expediente abierto recoge que la comunicación enviada a los usuarios especifica que “sólo deberán contratar el servicio con 15 minutos de antelación el primer trayecto. Posteriormente, se asegura que se podrá disfrutar del servicio ‘con la misma inmediatez de siempre'”.

Sin embargo, esta información, según Territorio, no aparece en el modelo de contrato de servicios de transporte que la empresa pone a disposición de los usuarios.

En este contrato, Prestige & Limousine pone de manifiesto que asume la obligación de cumplir con la normativa de transporte terrestre aplicable y, en concreto, cita la ley estatal de ordenación de transportes terrestres de 1987, las normas que la desarrollan y el decreto catalán de medidas urgentes convalidado por el Parlament el 28 de febrero.

Este decreto, que se aprobó tras días de intensas protestas de los taxistas del área metropolitana de Barcelona el pasado mes de enero, obliga a las VTC, entre otras medidas, a precontratar el servicio con 15 minutos de antelación.

Pero para sortear la dificultad que supone para su negocio, Cabify solicita a sus usuarios que firmen un contrato anual, gratuito y prorrogable, mediante el cual sólo están obligados a reservar con un margen de tiempo el primer viaje.

Ahora, el departamento de Territorio considera que las divergencias entre la información que se facilita a los usuarios y el contrato “pueden confundir a los usuarios”, por lo que ha decidido abrir un expediente informativo para verificar si la empresa cumple tanto con la ley de 1987, como con el Decreto de medidas urgentes.

Territorio establece un plazo de diez días hábiles para que la empresa aporte la documentación acreditativa de los términos en los que se contrata y se presta el servicio de VTC.

Además, la empresa deberá aportar el detalle de los servicios realizados entre el 7 y el 10 de marzo, con indicación de la hora de contratación y del inicio de la prestación del servicio.

Territorio advierte a la compañía de que no atender sus requerimientos se consideraría “una obstrucción a la tarea de inspección que corresponde al Departamento”.

La empresa, por su parte, ha asegurado que no ha recibido “comunicación oficial alguna” de la Generalitat, pero que atenderá “cumplidamente” cualquier requerimiento de información que les haga la administración autonómica catalana.

En un comunicado, Cabify ha señalado que “siempre colabora con todas las administraciones en los territorios donde opera” y que, en este caso, atenderá “cumplidamente cualquier requerimiento de información” que les haya hecho la Generalitat, aunque subraya que hasta ahora no han recibido “notificación oficial alguna”.

La compañía señala que han decidido “volver a trabajar en la Ciudad Condal con un nuevo modelo de negocio, el de las empresas de transporte -el mismo que utilizan las VTC tradicionales que operan con normalidad en Cataluña-” y que se han “ajustado a la normativa vigente”

Finalmente, Cabify reitera su “compromiso con los ciudadanos de Barcelona, con el empleo y con una movilidad inclusiva y sostenible”.

El Mundo

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