Se abre un expediente sancionador a Cabify en Cataluña por no respetar los 15 minutos de precontratación

El departamento de Territorio vuelve a dar diez días a la empresa para que aclare de manera “inequívoca” su negocio

VTC Barcelona

La Generalitat ha abierto varios expedientes sancionadores a Prestige & Limousin, empresa con la que el grupo Cabify presta sus servicios en Barcelona, por incumplir los 15 minutos de precontratación que establece el decreto del gobierno autonómico. Además, la dirección general de Transports i Mobilitat ha vuelto a dar diez días para que la plataforma de transporte explique de manera “clara e inequívoca” la forma con la que está operando en Cataluña. En concreto la Generalitat quiere conocer cómo la empresa de transportes garantiza el respeto y cumplimiento del intervalo de tiempo de la precontratación de los 15 minutos.

Cabify regresó a las calles de la capital el 7 de marzo después de un mes parada tras la aprobación del decreto de la Generalitat que obligaba a precontratar los coches con una antelación de 15 minutos, y que Cabify solo lo aplica en la primera reserva del cliente. Pero el atajo que parecía haber encontrado Cabify para salvar la precontratación no ha convencido a la Generalitat. El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, ha informado de la apertura de varios expedientes sancionadores a dicha empresa, después de que varias inspecciones a pie de calle comprobaran el incumplimiento de la precontratación.

El Departamento considera que con la documentación aportada hasta ahora por Prestige & Limousine falta información para poder concluir si cumple la normativa. Tras la vuelta de Cabify, la Generalitat abrió un expediente informativo el 11 de marzo reclamando los términos de contratación, con indicación de la hora de contratación y de la inicio de la prestación del servicio.

Desde Cabify prefiririeron no hacer valoraciones sobre los expedientes sancionadores, y explicaron que la empresa colaborará con la Generalitat y aportará toda la información necesaria sobre su actividad para esclarecer la situación. El CEO de Cabify, Juan de Antonio declaraba dos semanas después del retorno a la capital que el modelo era “plenamente legal” ya que se ajustaba al de las VTC y que en el caso de se cuestionase, también se estaría haciendo con estas.

Este martes, el director de Transports i Mobilitat también ha informado de la apertura de consulta pública previa, de cara a la futura Ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, que regulará de forma integral los servicios de taxi y VTC. Durante un periodo de 30 días hábiles, los actores implicados y cualquier ciudadano podrán hacer las propuestas que consideren oportunas para contribuir a la futura ley que el Departamento de Territori redactará, y que tendrá que ser aprobada por el Parlament.

Desde el sector del taxi esperan que esta futura ley no trate de homogeneizar ambos servicios, y siga existiendo una diferencia clara entre los taxis y los vehículos VTC, y se establezca una proporcionalidad entre el número de taxistas y de los VTC. El presidente del sindicato de taxistas Stac, Luis Berbel, considera “lógico” que la Generalitat haya abierto varios expedientes sancionadores a Cabify. “No se estaba respetando la normativa vigente y la Generalitat se ha mostrado firme, ante el intento de una argucia legal”.

El País

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