El presidente de la CNMC, Marín Quemada, será cambiado por el nuevo gobierno

La votación de investidura puso fin a ocho meses de bloqueo político que ha paralizado e impedido la renovación de varias instituciones y órganos públicos relevantes, cuyos nombramientos, en algunos casos, se arrastran incluso desde la pasada legislatura.

La cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es algo con lo que han ansiado prácticamente todos los sectores políticos y sociales.

Tras seis años al frente, el mes de septiembre pasado venció el mandado del presidente de la CMNC, José María Marín Quemada, pero también de la vicepresidenta, María Fernández, y de otros tres vocales del órgano que, a día de hoy, siguen ejecutando sus funciones de forma interina a falta de que el Gobierno se constituya, proponga los cambios y sean aprobados por el Congreso.

Algunos de los amigos de Marín Quemada no le cogen el teléfono, sus enemigos se multiplican y amenazan con llevarle ante los tribunales por prevaricación.

Algunos le consideran temerario y otros lo ven como, mientras reclama liberalizaciones y privatizaciones se acuesta con el poder para recoger su pan de cada día.

MARÍN QUEMADA SE HA QUEDADO MÁS SOLO QUE LA UNA

Desde el principio de su mandato en la CNMC se produjo una división permanente porque estableció de facto un régimen policial sin dejar libertad a vocales y consejeros para hablar en actos públicos sin su permiso, imponiendo un ejercicio de funciones que es absolutamente contrario a los principios y a la regulación de la propia CNMC.

La fractura ha llegado hasta tal punto que algunos consejeros acusan a Marín Quemada de haber hecho un uso personal de los recursos de la CNMC para acabar con sus enemigos.

En concreto aseguran que ha empleado el gabinete de prensa del organismo para estos fines espurios, alimentando la disensión filtrando informaciones interesadas a determinados medios de comunicación.

EL SECTOR DEL TAXI CANSADO DE LOS ABUSOS

Marín Quemada ya decidió impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya varios artículos del Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre los Vehículos de Transporte con conductor.

Respecto al servicio público del taxi dijo: «Provocan mayores precios, menor calidad e innovación, disminuyen la oferta disponible y eso se traduce en mayores tiempos de espera».

Además, el organismo presidido por José María Marín Quemada ya había recurrido en julio de 2018 ante el TSJ de Catalunya el reglamento de la AMB al exigir una autorización específica para poder prestar servicios en este ámbito.

Asimismo, en Madrid también se mostró contrario a restringir la actividad de los VTC, de hecho, el regulador analizó la ordenanza madrileña y disparó también contra ella, al señalar que introducía «importantes restricciones» a la actividad de los Uber y Cabify.

Timis

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