El pleno de Sevilla aprueba promover una ordenanza municipal para limitar el número de VTC

El Grupo Adelante fue el encargado de plantear esta moción y pedir que se cree un registro municipal de empresas, vehículos y autorizaciones de VTC para determinar cuántas operan en la ciudad

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En un contexto en el que el último recuento de autorizaciones para transporte de viajeros del Ministerio de Fomento refleja que a fecha de 3 de febrero de este año, Sevilla contabilizaba 432 autorizaciones de vehículo de transporte concertado frente a 2.332 licencias de auto taxi, según un documento oficial recogido por Europa Press, el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de “intrusismo”, pues la regulación de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas, por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas y fruto de estas pesquisas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi por supuestas coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.

En paralelo, para esclarecer cómo desarrollar en Andalucía el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los VTC, los taxistas de Sevilla capital y el Consistorio hispalense han pedido a la Junta que ciña la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.

La Junta, frente a estas demandas, ha emitido un proyecto de decreto por el que se modificaría el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, planteando que los taxistas puedan ofrecer un precio cerrado para servicios previamente contratados a través de una aplicación digital, así como la contratación del servicio por plaza o “taxi compartido” o la obligación de que los vehículos auto taxi vayan provistos de un aparato lector de tarjetas de crédito.

LAS ESTACIONES DE VTC

En cuanto a los VTC, la Administración andaluza ha venido planteando la creación de estaciones para los mismos ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones y los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios “salvo que tengan otro servicio precontratado”.

Las asociaciones del sector del taxi, no obstante, reclaman insistentemente que los servicios de los VTC estén sujetos a un tiempo mínimo de precontratación antes de la realización del porte.

Frente a ello, la moción de Adelante apostaba por crear un “registro municipal de empresas, vehículos y autorizaciones de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, “imprescindible para determinar el número de autorizaciones VTC que operan en la ciudad”, promover una ordenanza municipal del régimen jurídico aplicable a estos servicios cuando se realicen con origen y destino en el término municipal de la ciudad de Sevilla y constituir una mesa de trabajo con las asociaciones locales del sector para dicha regulación.

Durante el debate plenario, Gonzalo García de Polavieja (Vox) ha avisado de que “a expensas de que el ordenamiento jurídico” de rango autonómico “faculte con más competencias a los ayuntamientos”, el Consistorio hispalense cuenta con “mínimas competencias” para solucionar el conflicto. “Me temo que con las actuales competencias, no vamos a resolver el problema”, ha dicho.

Por Ciudadanos, el concejal Lorenzo López ha defendido “la libertad de elegir el medio de transporte” que cada ciudadano prefiera, rememorando y defendiendo la regulación que está promoviendo la Junta de Andalucía y coincidiendo en que “de ninguna manera las competencias municipales permiten una solución” al conflicto en estos momentos.

“NO ES LA PANACEA”

La edil de Adelante Eva Oliva ha admitido que, en efecto, dado el marco competencial una ordenanza municipal “no es la panacea”, pero ha confiado en que la misma “solucione algún que otro problema” en este prolongado conflicto.

Finalmente, el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha recordado que actualmente “la Junta es la administración competente” en materia de licencias y autorizaciones de VTC, defendiendo la reivindicación de que la contratación de los VTC esté sujeta al mencionado “preaviso” de 30 minutos, “que es lo que diferencia un servicio de otro”.

Así, ha apostado por “limitar que los VTC sigan metiendo la mano en la cartera del sector del taxi”, toda vez que el primer punto de la moción ha sido rechazado al votar en contra todos los grupos salvo Adelante, el punto relativo a promover la ordenanza municipal ha prosperado con el respaldo de todos salvo la abstención de Cs y la idea del grupo de trabajo ha sido rechazada al votar en contra el PSOE y el PP.

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