El fiscal general de California celebra que un tribunal bloquee las acciones ilegales de Uber y Lyft

Xabier Becerra: “Nuestros tribunales confirman que Uber y Lyft están tratando de evadir la ley al clasificar ilegalmente a sus conductores como contratistas independientes”

El Fiscal General de California Xavier Becerra – junto con los Abogados de la Ciudad de Los Ángeles, San Diego y San Francisco – aseguraron hoy otra gran victoria judicial que bloquea las acciones ilegales de Uber y Lyft que clasifican a sus conductores como “contratistas independientes”. La decisión de la corte de apelaciones del estado en San Francisco sigue a  una orden judicial preliminar anterior contra las empresas emitido por un tribunal de primera instancia que requería que las empresas clasificaran adecuadamente a sus conductores. La corte de apelaciones había suspendido el fallo del tribunal inferior pendiente de revisión por parte de la corte de apelaciones. Según el fallo de la corte de apelaciones de hoy, la orden judicial preliminar volverá a entrar en vigor 30 días después de que el caso se envíe oficialmente de nuevo a la corte de primera instancia y las empresas deberán clasificar adecuadamente a sus conductores en California mientras el litigio esté en curso.

“Los californianos han luchado mucho por la protección de sus cheques de pago y beneficios. Uber y Lyft han utilizado su fuerza e influencia para resistirse a tratar a sus conductores como trabajadores con derecho a recibir esas protecciones de cheques de pago y beneficios ”,  dijo el Fiscal General Becerra. “Los tribunales vieron bien en sus argumentos. En medio de una crisis económica y de salud de COVID, ¿qué trabajador puede permitirse que se le nieguen protecciones básicas como licencia por enfermedad pagada, seguro de desempleo, salario mínimo u horas extra? La decisión de hoy llega el mismo día en que el gobierno federal informa que más de un millón de estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo, y 3 de cada 10 de ellos son trabajadores autónomos o autónomos. Pero recuerde, empresas como Uber y Lyft, que clasifican a los trabajadores por encargo como “contratistas independientes”, no pagan en los fondos de beneficios por desempleo para los trabajadores. Eso significa que los contribuyentes estadounidenses, no las empresas de conciertos como Uber y Lyft, están cubriendo los beneficios de desempleo que los trabajadores de conciertos reciben del rescate de COVID. Eso no es justo para nuestros trabajadores y contribuyentes. Es hora de que Uber y Lyft sigan las reglas “.

La clasificación errónea de los trabajadores ocurre cuando una empresa trata a sus empleados como contratistas independientes, evadiendo así obligaciones legales como el salario mínimo, las horas extraordinarias, los impuestos sobre la nómina y el seguro de compensación para trabajadores. Desde sus inicios, Uber y Lyft se han negado sistemáticamente a clasificar a sus conductores como empleados en violación de la ley de California. Cualquier costo para las empresas de reestructurar sus negocios para adoptar y luego optimizar un modelo de empleo proviene de su propia negativa prolongada a cumplir con la ley y proporcionar protecciones básicas en el lugar de trabajo. Si bien las empresas argumentan que los conductores quieren y necesitan “flexibilidad” para hacer su trabajo, Uber y Lyft han ignorado constantemente el hecho de que la ley de California permite a las empresas brindar a sus trabajadores la opción de cuándo y cuánto trabajar y aún así ser clasificados como empleados. .

Al clasificar erróneamente a cientos de miles de conductores como contratistas independientes, Uber y Lyft privan a los trabajadores de protecciones críticas para beneficiar sus propios resultados y crear miles de millones de dólares en riqueza privada para sus inversores de capital de riesgo. La clasificación errónea daña a los trabajadores al privarlos de las normas laborales básicas y de las protecciones de la red de seguridad social de los empleados que sirven como salvavidas en tiempos de crisis social y económica. La clasificación errónea también perjudica a los contribuyentes al obligarlos a asumir la carga de financiar los servicios de la red de seguridad social a los que los trabajadores desafortunados sin protección recurren en momentos de necesidad.

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