La Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid (AGATM), organización mayoritaria de los taxistas madrileños, ha instado mediante escrito registrado en el día de ayer y dirigido a la Concejal Delegada de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, para que el Consistorio se persone en todos los litigios que se mantienen abiertos por parte del entramado de empresas de UBER y CABIFY ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en demanda de concesión de autorizaciones VTC, y que defienda en ese ámbito los derechos de taxistas y ciudadanos.

Con esta actuación AGATM, que no se unió a las manifestaciones del pasado día 26 de abril en Madrid por entenderlas erróneamente enfocadas, realiza una nueva actuación efectiva y real en beneficio de los taxistas madrileños sin perjudicar a sus usuarios. “Lejos de algaradas y pantomimas, la Gremial del Taxi de Madrid actúa con medidas concretas para mejorar la situación de los taxistas de la capital”, manifestó su presidente Miguel Ángel Leal, quien recordó que “hace solo unas semanas que nuestra asociación se ha personado también ante el Tribunal instando la nulidad de los procesos, ya que el Ayuntamiento de Madrid no lo ha hecho hasta la fecha”.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, existen más de 200 litigios en los que empresas del entramado de UBER y CABIFY se encuentran pendientes de que se les concedan autorizaciones para el alquiler de vehículos con conductor (VTC); de los que los taxistas desconocen los expedientes judiciales concretos y han conocido ahora que el Ayuntamiento de Madrid no fue consultado en la vía administrativa previa a las concesiones de VTC sobre cuál era su parecer y los efectos que éstas pueden tener sobre la movilidad sostenible de la capital.

Ello podría viciar de nulidad lo actuado por los tribunales y, por tanto, la concesión de más de 1.200 VTC que han entrado en servicio en el último año en Madrid, siempre que el ayuntamiento lo plantee ante la justicia y se coloque decididamente en defensa de su servicio público municipal de transporte de viajeros en vehículos de turismo mediante taxis, tal y como los taxistas madrileños le reclamaron el pasado día 16 de marzo en Madrid, en otra manifestación, esta vez unitaria, que encabezó la Gremial de Taxi de Madrid.

Por otro lado Leal, señalo que “en este momento el taxista de Madrid necesita hechos y trabajo, más que congregaciones ante las puertas de distintas instituciones,  aunque, en su caso, las habrá que dejar para otros momentos duros que vendrán”.

Si bien el Ministerio de Fomento congeló la concesión de VTC por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, que modificó parcialmente el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, y la Comunidad de Madrid ha denegado las peticiones posteriores a su entrada en vigor, la “ventana de liberalización” existente hasta esa fecha implica que estén pendientes de otorgamiento miles de autorizaciones VTC, sin que se haya consultado administrativamente a los Ayuntamientos, en especial el de la capital, también responsable del Área de Prestación Conjunta (APC) del taxi.

De este modo, se ha podido hurtar a esta administración municipal, y por consiguiente a todos los ciudadanos, la posibilidad de opinar o incluso vetar la entrada de más vehículos de estas multinacionales así como la implantación de un modelo basado en elusión fiscal y precariedad en vez de otro basado en sostenibilidad y control público de la movilidad, con el que se puede actuar más eficazmente contra la congestión, el medio ambiente y los derechos de los usuarios de movilidad reducida y aquellos colectivos más desprotegidos, infancia y ancianos, etc.

Por último, el presidente de AGATM hizo hincapié en que “existen muchos intereses de grandes corporaciones para transformar esta realidad y hacer desaparecer la actual estructura del sector hacia un sector en manos de unos pocos operadores que fijen precios y condiciones de trabajo, repartiéndose el mercado y sustituyendo a los actuales autónomos, por trabajadores en precario, y no podemos entender que el Ayuntamiento de Madrid pueda dar la espalda a estas legítimas reivindicaciones, por lo que esperamos no se demore en actuar con sus servicios jurídicos”.

Igualmente desde AGATM se continuará actuando ante la Justicia y demás instituciones democráticas, frente al entramado de UBER y CABIFY quienes se   van a encontrar a los taxistas de España enfrente, siempre con las armas del Estado de Derecho, para que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, puedan establecer medidas que les obliguen a respetar la legalidad y el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de su actividad, que ahora no están acatando practicando la competencia desleal y el “dumping” frente al sector del taxi.