El conflicto en la parada de taxis del Aeropuerto de San Pablo ha sumado un nuevo episodio violento que, según el sector, cuestiona la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, liderado por el magistrado Sergio Escalona, de flexibilizar las medidas cautelares a los 26 miembros investigados por presunta organización criminal, coacciones y amenazas.
Los hechos ocurrieron la pasada noche del 20 de junio en la zona de llegadas de la terminal aérea, donde se desató una violenta pelea entre profesionales del sector. Según confirman fuentes presenciales, la agresión fue protagonizada por un socio de la entidad inmersa en la investigación judicial. Se da la circunstancia de que el hijo de este taxista ya había incumplido previamente la prohibición de operar y ocupar espacios en el aeródromo mientras se mantenían las restricciones de rendimiento.
Este altercado público en plena campaña de atención a clientes y turistas evoca, según denuncian los afectados, las dinámicas de tensión anteriores a la apertura de la causa judicial, poniendo en entredicho el argumento del juzgado de que existía una «ausencia de incidencias relevantes» para justificar el levantamiento de los vetos de acceso.
Críticas a la disparidad de criterios del instructor
La situación ha profundizado el malestar y el desconcierto entre los personados como acusación, quienes recuerdan las «paradojas» en el tratamiento de los distintos incidentes del caso. El recurso interpuesto por Élite Taxi Sevilla incide en que las medidas no debieron ser retiradas de forma generalizada, citando entre otros el caso del propio presidente de la asociación investigada.
Dicho dirigente protagonizó un grave incumplimiento de las medidas en la zona de salidas al desviar a una clienta hacia su vehículo a pesar de haber tres taxis libres en la cola. Sin embargo, la sanción judicial subsiguiente se limitó a retirarle la medida cautelar de manera estrictamente individual, dejando libre el coche y la explotación del servicio a su hija.
Desde el sector damnificado se señala una notable asimetría entre esta resolución, aplicada al considerado por los atestados policiales como supuesto autor intelectual de la trama, y otras actuaciones donde, por meras confusiones de la autoridad policial, se llegaron a retener vehículos que constituyen el medio de vida y subsistencia de los trabajadores durante periodos de entre 20 días y más de tres meses.
Los denunciantes insisten ante el juzgado en que el riesgo de reiteración delictiva e intimidación sigue plenamente latente y exigen el restablecimiento inmediato de las órdenes de alejamiento de la terminal para garantizar la seguridad y la libre competencia en el aeropuerto de Sevilla.
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