Álava cierra la puerta al ‘modelo Uber’

La Diputación deniega 108 solicitudes de licencia de vehículos con chófer por temor a «desestabilizar al sector del taxi»

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Denegada’. Esa es la respuesta sistemática de la Diputación de Álava a cualquier solicitud de licencia de vehículos con conductor (VTC), el permiso legal que ampararía a los chóferes que quisieran trabajar para plataformas como Uber, Cabify o similares, y que tiene en pie de guerra a los taxistas. El ente foral ha rechazado un total de 108 peticiones, cursadas entre los años 2009 y 2015, lo que le ha llevado, como a otras instituciones del país, a una disputa judicial que continúa abierta.

Los ‘no’ reiterados de Álava –también de Bizkaia y Gipuzkoa– se argumentan en razones legales, pero se sustentan en el temor a que el incremento «desproporcionado de VTC desestabilice al sector del taxi». Son un dique para protegerlo; una opción con la que se intenta ganar tiempo hasta rediseñar el marco legal que ordena y regula el sector. Aún no responde a nuevas rutinas de los usuarios. «La forma en que la gente se mueve ha cambiado y los medios también con la aparición de nuevos actores», explica Marian Gutiérrez, directora de Infraestructuras Viarias y Movilidad y presidenta de la Comisión del Taxi de Álava, un órgano ligado a la entidad foral en el que participan el Ayuntamiento de Vitoria, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), el Gobierno vasco y los taxistas.

La licencia VTC es, de hecho, anterior al nacimiento de esos intermediarios de transporte ‘on line’. Se otorgaba a coches de empresa, generalmente de lujo, para la prestación de servicios especiales. Viajes de negocio o corporativos, visitas turísticas o conexiones con aeropuertos o estaciones marcaban una actividad con rango (y precio) exclusivo. «El taxi es un servicio público con exigencias y obligaciones que no son exigibles a las empresas que prestan servicio con VTC, con una normativa más laxa», precisa Gutiérrez. No requieren de licencia municipal –un pago de miles de euros– ni se ajustan a tarifas marcadas o a la obligación de cumplir con horarios. Treinta son los permisos de este tipo que existen en la provincia; 29 en Bizkaia y 19 en Gipuzkoa.

Todos ellos son anteriores a 2009, cuando la ley marcaba, de forma restrictiva, que únicamente podía existir una VTC por cada 30 licencias de taxi. Ya entonces no se cumplía la proporción en Álava, con 218 vehículos blancos ‘SP’ legalizados –194 sólo en Vitoria–. «Debería haber ocho. Con todo, convivíamos sin problemas. Lo peor estaría por llegar», denuncia Yago Alonso, presidente de la Asociación Alavesa del Taxi (Alatax).

La Ley Ómnibus

La «competencia desleal» que plantea deriva de un «vacío legal» que se prolongó hasta 2015, el periodo de vigencia de la Ley Ómnibus, aprobada en diciembre de 2009, y que abrió un resquicio para el libre acceso a las actividades de servicios. Ese contexto favoreció la avalancha de solicitudes con la que las mismas instituciones que autorizan licencias de taxi y fijan sus epígrafes fiscales lidian en los tribunales.

En Álava la mayoría de las empresas a las que se ha cerrado la puerta con la VTC han acabado recurriendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). ¿Resultado? La institución judicial ha dado la razón a los promotores de ochenta de esas 108 licencias denegadas. La Diputación ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJPV falló a favor del ente foral en relación con veinte de los permisos. La reacción, previsible: algunos de los promotores afectados también han acudido al Supremo y los que no lo han hecho aún están en plazo. En los ocho casos restantes, se espera sentencia de la alta instancia autonómica. «El problema es que esas licencias se podrían vender por internet para dar servicio a Uber y similares», precisan desde Alatax.

La próxima huelga del taxi se anuncia para el jueves día 29. «Si nos atenemos al ratio de una VTC por cada 30 licencias de taxi, en Álava no se podrá conceder ninguna autorización más», subraya la directora de Movilidad. Así las cosas, Gutiérrez insiste en que «hay que actualizar la regulación. Y después, contar con un servicio de inspección adecuado para velar y garantizar que esa ordenación se cumpla». Distintivos específicos en los vehículos VTC y control del uso que se da a cada licencia. Son dos claves con consenso.

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