La Associació Nova Generació de Taxistes (ANGET) ha expresado su “profunda preocupación” por la participación de la consultora Deloitte en el proceso de elaboración de la futura ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas en Cataluña.
Según denuncia la organización, Deloitte Legal fue adjudicataria en 2024 de un contrato público para prestar asesoramiento jurídico y técnico a la Generalitat en la redacción de esta normativa, que afectará directamente tanto al sector del taxi como al de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
Sospechas de falta de neutralidad
Desde ANGET consideran que esta colaboración genera un posible conflicto de intereses, al recordar que la consultora mantiene vínculos con empresas del ecosistema VTC, entre ellas Uber.
En este sentido, también apuntan a la presencia de Uber en el Mobility Institute, una iniciativa impulsada por el RACC junto a Deloitte, como un ejemplo de espacios de colaboración que, a su juicio, podrían comprometer la imparcialidad en la elaboración de la ley.
Críticas por falta de transparencia
La asociación lamenta que no se haya ofrecido información detallada sobre el alcance del trabajo realizado por la consultora ni sobre las posibles incompatibilidades en el proceso de adjudicación. Además, cuestiona que no existan garantías claras de que el texto final responda exclusivamente al interés general.
ANGET advierte de que este tipo de situaciones pueden erosionar la confianza tanto del sector del taxi como de la ciudadanía en las instituciones públicas, especialmente cuando se trata de una normativa clave para el futuro de la movilidad.
Defensa del papel del taxi
Desde la organización subrayan que el taxi es un servicio público esencial, regulado y sometido a estrictos controles, por lo que consideran imprescindible que cualquier reforma legislativa se desarrolle con total independencia y transparencia.
Por ello, reclaman que se extremen las garantías en el proceso y se evite cualquier influencia de intereses privados que pueda condicionar el resultado final de la ley.
El debate sobre la regulación del transporte de viajeros en Cataluña vuelve así a situarse en el centro, con nuevas tensiones entre los distintos actores del sector.
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