La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha pedido este miércoles en el Tribunal Supremo que no se produzca la suspensión cautelar que ha solicitado Uber BV del decreto anti-especulación aprobado por el Ministerio de Fomento en diciembre de 2017

La multinacional Uber, que esta misma semana ha vuelto a operar en Barcelona tras su prohibición por los tribunales en 2014, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que solicita la suspensión del Real Decreto 1076/201 que modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), con el que la Administración Central pretende frenar la especulación con autorizaciones VTC.

Se trata del real decreto aprobado el pasado 29 de diciembre de 2017, por el que se establecen medidas complementarias en relación a la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

Antaxi ha solicitado la desestimación del recurso presentado por Uber, en el que pide la derogación de esta norma, ya que, «a pesar de que las medidas que recoge este decreto no acaban con el problema del sector y son insuficientes para garantizar la continuidad del taxi, sí son un primer paso para intentar controlar la especulación», afirmó el presidente de esta asociación que representa al 40% de los taxistas en el Comité Nacional de Transportes, Julio Sanz.

Sanz añadió que «es necesario que se adopten medidas efectivas que garanticen la estabilidad y continuidad de un colectivo que actualmente se ve afectado por un incumplimiento de la legislación vigente que hace que empresas como Uber incurran en una situación de competencia desleal».

El real decreto aprobado en diciembre determina que las licencias VTC no podrán venderse en los dos años siguientes a su adquisición y que empresas como Uber y Cabify deberán inscribir en un registro único todos. En este sentido, Sanz defiende que «aunque estas medidas son claramente insuficientes para acabar con la problemática actual, hay que avanzar hacia una mayor regulación de las VTC y no hacia un vacío legal aún mayor que el existente».

Antaxi ha sido admitida por el Tribunal Supremo como codemandada en el proceso y por tanto tiene capacidad para presentar alegaciones en defensa de la profesión y de la resolución del Ministerio.

El Economista