Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, defiende la posición de los taxistas en la mesa de negociación el día que la Junta aprueba el decreto regulador de los VTC

El decreto de la Junta, regulará que los VTC no puedan operar a menos de 300 metros de las estaciones

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El Ayuntamiento de Sevilla entró ayer en el conflicto entre taxistas y VTC, precisamente el día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Adalucía aprobaba el decreto Ley de regulación de las VTC. Y lo hizo para reivindicar, precisamente, el principal escollo en la negociación entre ambos servicios, apoyando la reivindicación irrenunciable del sector del taxi de exigir un mínimo de 15 minutos en la precontratación de servicios de VTC. Esta medida es la que se ha aplicado en otras comunidades como Cataluña y se descartó por la Junta al no ofrecer seguridad jurídica. Andalucía ha optado por una regulación por zonas, entre otras medidas, que no ha terminado por convencer a ninguno de los actores, si bien las empresas de VTC han asumido las restricciones en su mayoría propuestas por el sector del taxi, mientras los taxistas anuncian que llevarán el decreto a los tribunales y han convocado para esta tarde una nueva concentración de protesta a las puertas del Parlamento andaluz mientras la Cámara celebra sesión plenaria.

El delegado municipal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, es partidario de que ambos sistemas de transporte convivan pero estableciendo esa distinción basada en la instantaneidad. Es decir, que los vehículos de empresas como Cabify o Uber sólo se puedan concertar con una antelación minima de 15 minutos para dar prioridad al servicio de taxi.

Cabrera hizo las declaraciones a preguntas de los periodistas, junto al alcalde, Antonio Muñoz, durante el acto de entrega de llaves del antiguo Liceo Francés a la Fundación MAS. Poco después, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, lamentaba el «fracaso» de la Junta en la regulación de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) al considerar que a la administración autonómica le ha pillado «el toro» sin llegar a un acuerdo, al tiempo que pedía «equilibrio» para que este sector y el del taxi «puedan convivir».

La posición del PSOE en esta negociación ha sido afeada por el sindicato UGT, que ve en la postura del PSOE una amenaza para los puestos de trabajo del sector de las VTC.

Competencias

Cabrera también criticaba que la Junta de Andalucía, en su decreto, traspase la competencia a los ayuntamientos para que regulen los descansos y, también, el hecho de que se establezca un mapa con zonas de exclusión de VTC que no estén realizando servicio en torno a aeropuertos, puertos y estaciones (300 metros); hospitales, juzgados y hoteles de cuatro estrellas (150 metros). «¿Quién controla e inspecciona eso?», se preguntaba el delegado encargado de la Policía Local en Sevilla. Cabrera cree que supone «un coste añadido» para los ayuntamientos en cuanto a tramitación de sanciones e inspección, al tiempo que acarrea una «complejidad» para la que «la Junta no habla para nada de proporcionar medios». Hasta ahora las multas a VTC las ha impuesto en la ciudad el grupo ‘Aeropuerto-Santa Justa’ de la Policía Local .

Fuentes de la Consejería de Fomento recordaron que desde el pasado año se ofreció a los ayuntamientos convenios de colaboración para formar a policía locales en la labor inspectora específica de sanciones a VTC, dotándoles de dispositivos informáticos. Ayuntamientos como los de Málaga o Marbella se adhirieron al mismo, incluso otros en los que no operan las VTC. Sevilla no lo hizo.

El Ayuntamiento sí reclama la competencia de la Junta de dar o restringir las licencias, para establecer unos cupos en base a la rentabilidad.

Desde la Junta lamentaban ayer la reacción municipal, más cuando el Ayuntamiento no ha adaptado su normativa al decreto de modernización del sector del taxi aprobado por la administración autonómnica en 2021, que incluye mejoras como el precio cerrado al usuario al contratar el servicio, el concepto de taxi compartido y el derecho al pago telemático. El Ayuntamiento sostiene que esa adaptación no es precisa al tratarse de una ley de rango superior.

 

sevilla.abc.es

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