La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) y la Confederación de Taxis de la Costa del Sol han presentado formalmente diversos escritos ante el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía con el objetivo de denunciar las prácticas irregulares que determinadas plataformas digitales de transporte están desarrollando en la ciudad de Málaga.
Ambas organizaciones han puesto en conocimiento de las administraciones competentes la utilización de vehículos de más de 9 plazas y matrícula blanca para la realización de servicios urbanos bajo demanda y contratación inmediata, una actividad que, según denuncian, se estaría llevando a cabo al margen del marco regulatorio establecido en la normativa de transportes.
Las entidades consideran que estas prácticas suponen una grave competencia desleal hacia el sector del taxi, un servicio público sometido a una estricta regulación, controles administrativos y obligaciones permanentes que deben cumplirse diariamente.
Ante esta situación, AUMAT y la Confederación de Taxis de la Costa del Sol han solicitado a las administraciones públicas que se intensifiquen las labores de inspección y control sobre este tipo de servicios, así como la aplicación de medidas sancionadoras contra aquellas empresas o vehículos que pudieran estar operando fuera de la legalidad.
Asimismo, ambas organizaciones valoran positivamente que las distintas administraciones ya estén trabajando y coordinándose para analizar esta problemática y reforzar la vigilancia sobre las plataformas digitales de transporte que no estén actuando dentro del marco normativo vigente.
Desde el sector del taxi se insiste en la necesidad de garantizar unas reglas claras y justas para todos los operadores del transporte de viajeros, evitando situaciones de intrusismo y competencia desleal que perjudican gravemente a miles de familias que viven del taxi.
AUMAT y la Confederación de Taxis de la Costa del Sol continuarán defendiendo ante todas las instituciones el cumplimiento de la legalidad y la protección de un servicio público esencial para la ciudadanía.
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