La llegada de nuevos operadores de movilidad reabre el debate sobre los VTC en Galicia
La entrada de más empresas en el ámbito de la movilidad en Galicia, como la multinacional tecnológica Uber —que esta semana comenzó sus actividades en Vigo y A Coruña, sumándose a otra firma destacada del sector como Cabify, que ya está presente en Santiago y la ciudad herculina— ha vuelto a poner el foco sobre la competencia que representan para el taxi las compañías que prestan servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), en un entorno donde las normativas aplicables varían entre ambos modelos.
En Galicia, es la Xunta la entidad responsable de conceder las licencias a estos servicios. Según datos de la Consellería de Presidencia, actualmente hay 638 licencias activas para VTC, frente a las 3.500 del sector del taxi.
La vigilancia y sanción de infracciones relacionadas con la ley gallega de transporte público de 2013, así como de sus reglamentos y de la normativa estatal en materia de desplazamientos interurbanos, corresponden al Ejecutivo autonómico. Esta tarea incluye la verificación de que las empresas cuenten con autorización administrativa válida, que el servicio comience en la comunidad donde tiene sede la licencia (o en aeropuertos y puertos de otra, si hay contrato previo), y que el trayecto se contrate con al menos 15 minutos de antelación, llevando a bordo el documento acreditativo del servicio.
La Xunta también verifica que las VTC con base en Galicia porten el distintivo obligatorio en el parabrisas y que los conductores registren el inicio y fin de cada trayecto en el sistema de comunicaciones de servicios de arrendamiento.
Durante 2024, el gobierno autonómico identificó diez infracciones en la provincia de A Coruña y tres en Lugo. Además, en lo que va de año, se registraron otras trece vulneraciones en A Coruña y una más en Lugo.
Si bien los desplazamientos que se realicen dentro de un mismo municipio están sujetos a regulación y sanción por parte de los ayuntamientos, que pueden establecer ordenanzas propias, la consellería ha detectado vehículos VTC realizando servicios urbanos, los cuales están reservados exclusivamente para taxis. El departamento liderado por Diego Calvo ha enviado los resultados de las inspecciones a los ayuntamientos correspondientes, que son los competentes para imponer sanciones.
En A Coruña, la Xunta remitió cuatro informes al equipo de gobierno de la alcaldesa Inés Rey, documentando nueve infracciones. Esta última ha acusado a la Xunta de “lavarse las manos” y de trasladar la responsabilidad de regular los VTC a los gobiernos municipales. En el caso de Santiago, el ejecutivo de la nacionalista Goretti Sanmartín recibió seis informes sobre siete infracciones detectadas desde principios de 2024.
Los ayuntamientos, llamados a actuar
Durante una semana en la que tanto la Unión de Taxis Galegos como la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia exigieron a los gobiernos locales un mayor control para evitar que los VTC realicen servicios urbanos —prohibidos por la normativa autonómica—, la Xunta instó al Concello de A Coruña a que regule formalmente las actividades de estas plataformas.
Nueva capacidad para los concellos
En la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, el Gobierno gallego habilitó a los municipios para que puedan otorgar autorizaciones específicas a los VTC que quieran operar en el ámbito urbano, siempre que establezcan límites en el número de licencias, ya sea por razones medioambientales o de seguridad vial.
Fuente | galiciae.com
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