El grupo municipal de Imagina Burgos planteaba ayer que el Ayuntamiento debe tomarse en serio el envejecimiento de la plantilla de taxistas en la capital, así como la necesidad de «modernizar» el examen que se realiza para obtener el carné de taxista y mejorar el sistema para la transmisión de las licencias. Durante una rueda de prensa, el concejal Raúl Salinero aseguraba que en Burgos existen 186 licencias y unas 30 personas tienen más de 65 años y de ellas otras 10 más de 70 años. A esta situación se une que en los próximos cuatro año otras 12 personas rebasarán la edad de jubilación. «Nos encontramos que entre 50 y 60 personas no deberían estar trabajando en el plazo de cuatro años», precisaba el concejal, que añade que es necesario agilizar la obtención de carnés de taxista.

Salinero indicaba que no suficiente con aumentar el número de convocatorias, sino realizar unos «exámenes más modernos», cuestión que han planteado al concejal del Samyt, Joge Berzosa. Insistía en que hay personas que se quieren jubilar pero no logran traspasar la licencia dado que no se superan las pruebas del carné de taxista, en la actualidad se centran en el conocimiento de calles.

Por otro lado, desde esta formación, después de haberse reunido con la asociación mayoritaria de los taxistas, Abutaxi, trasladaban la necesidad de promover las ayudas para adaptar los taxis a personas con movilidad reducida. El pasado año hubo una partida de 20.000 euros que no se llegaron a invertir y Salinero indicaba que hasta diez licencias están interesadas en obtener esa ayuda. Con 20.000 euros, daría para dos taxis adaptados. El reglamento del taxi es del año 1994 y desde Imagina son partidarios de renovarlo en diálogo con los profesionales del sector. Otro de los problemas que planteaba el concejal es que este 2017 se ha dejado aparcada la actualización de las tarifas «porque elAyuntamiento ha utilizado esta negociación como una herramienta política». Imagina plantea que las tarifas se regulen a través del IPC y recuerda que en otras ciudades de Castilla y León se aprobaron para su entrada en vigor el 1 de enero.

El Correo de Burgos