La guerra del taxi entra en una etapa un tanto berlanguiana, y si cabe también esperpéntica.

Los coches de alquiler con conductor, también conocidos como VTC, que trabajan con la aplicación de Bolt, están incorporando una especie de porta bicicletas, una suerte de parachoques, un raro artilugio cuya única finalidad no es otra que alargar la longitud del vehículo para que supere los 4,90 metros y esquivar de este modo el muy restrictivo decreto de la Generalitat que entrará en vigor el 1 de octubre. El principal objetivo de esta norma es que los coches de alquiler con conductor no funcionen en verdad como taxis. La propia empresa reconoce que se trata de una medida ridícula, pero añade que no tiene otro remedio. Bolt opera en el área metropolitana de Barcelona a través de un millar y medio de vehículos, sobre todo con VTC y en menor medida con taxistas.

La aplicación Bolt reconoce que es una solución ridícula, pero agrega que no se le ocurrió nada mejor

“No –cuenta Daniel Georges, responsable de VTC y taxis de Bolt–, nosotros no tenemos una flota propia, trabajamos principalmente a través de autónomos y de pymes que en estos momentos no pueden comprarse un coche de gama alta de 4,90 metros de longitud, que están condenados a desaparecer por culpa de un decreto absurdo que llevará al paro a miles de personas. Sí, alargar los coches con un dispositivo es una medida ridícula ¡una respuesta ridícula para un decreto ridículo!”.

Georges detalla que el dispositivo en cuestión fue diseñado en agosto, y que está homologado por el Gobierno central. “En cuanto los vehículos que lo incorporen pasen la correspondiente ITV y cambien su ficha técnica los titulares de las licencias podrán pedir al Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM) continuar operando tal y como venían haciendo. Esta iniciativa permitirá a muchos autónomos seguir trabajando. El decreto de la Generalitat entrará en vigor dentro de unos pocos días, pero antes o después caerá, tiene un montón de puntos débiles, pero mientras se judicialice el asunto…” Entretanto Cabify, cuya app ofrece unos 600 coches con licencia VTC, enarbola un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) para exigir al Gobierno central una prórroga de dos años que compense las pérdidas ocasionadas por la pandemia.

La iniciativa de Bolt no le hace ni pizca de gracia a los taxistas. Entienden que se trata de otra muestra de la falta de respeto a la ley, las instituciones y los derechos de la gente por parte de estas multinacionales dedicadas a la intermediación del transporte de viajeros. “La última pataleta de Bolt ha sido inventarse un jes extender para VTC para sortear la ley catalana”, dice Alberto Álvarez, alías Tito, de Élite Taxi, la principal asociación de taxistas del área metropolitana de Barcelona, comparando así el dispositivo ideado por Bolt con aquellos alargadores de pene de resultados inciertos que otrora se anunciaban en blanco y negro en tantas revistas dirigidas a hombres.

“A los taxistas no nos sorprende que empresas del corte de Bolt intenten reírse de nuestras instituciones –abunda Álvarez–. Ya son muchos años viendo sus estrategias mafiosas y su incumplimiento sistemático de las normas reguladoras que preservan la convivencia y seguridad de los consumidores. Este tipo de pataletas infantiles solo demuestran el bajo nivel de esta empresa que no está acostumbrada a cumplir la ley. Ni Bolt, ni Cabify, ni Uber van a reírse más de la Generalitat y de la AMB. Se acabó la partida. O cumplen la ley o habrá un desfile de VTC hacia los depósitos municipales como también ha ocurrido con los bicitaxis ilegales. Élite Taxi está presentando a las administraciones una batería de propuestas innovadoras para hacer del taxi el mejor del mundo”.

Los taxistas están enfrascados en un profundo plan de modernización. Hablamos principalmente de una mayor digitalización de la oferta destinada a ofrecer una mejor respuesta a la demanda ciudadana. El objetivo de los taxistas es que la ciudadanía no eche de menos a todas estas aplicaciones, que no note la rebaja de la competencia que supondrá la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, demostrar a la gente que ellos mismos se bastan para atender sus demandas de movilidad.

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