El reglamento será obligatorio a partir de 2030, cinco años más tarde de lo que hubiera querido la Comisión Europea

Los ministros europeos de Economía aprobaron ayer una reforma de las reglas fiscales para que las plataformas digitales como Airbnb, Uber o Booking recauden el IVA y lo remitan a las autoridades fiscales, aunque para levantar el veto de Estonia la entrada en vigor de esta medida se ha aplazado hasta 2030, cinco años más allá de lo que preveía la propuesta de la Comisión Europea. Sin embargo, los países que lo deseen podrán empezar a usarla a partir de 2028. Los gobiernos tendrán también la posibilidad de excluir a las pymes.

Que un país tan pequeño como Estonia hubiera podido boicotear esta reforma se debe a que toda la legislación sobre impuestos debe aprobarse siempre por unanimidad. En mayo, Estonia, que es un país extensamente digitalizado, se opuso y los demás países interpretaron que este gesto pretendía proteger a Bolt, una aplicación de movilidad que tiene su base en el país báltico. Aunque el entonces ministro de Finanzas de Estonia, Mart Vorklaev, no mencionaba nunca a la empresa de su país, sostenía que la reforma colocará a las plataformas «en posición de desventaja». Su sucesor, el veterano y experto en la política europea, el actual ministro Jürgen Ligi, dijo ayer durante el debate ministerial que se trata de un «muy buen compromiso» y que su país «aprecia el resultado sobre la economía de las plataformas». Aunque el ministro español Carlos Cuerpo no estaba en esta reunión ya que el Gobierno había suspendido todos los viajes debido a la situación en Valencia, España ha hecho saber que piensa activar esta reforma a partir de julio de 2028, lo antes posible «como una medida de simplificación en la recaudación del IVA y como un modo de mejorar la lucha contra el fraude del IVA».

Actualmente, muchos proveedores de servicios que se comercializan en esas plataformas de alquiler de alojamiento y transporte de pasajeros no pagan el IVA porque son proveedores individuales o pequeñas empresas que generalmente no están obligadas a pagar el IVA, lo que con el desarrollo que han alcanzado estas fórmulas de negocio provoca pérdidas significativas en los ingresos del IVA. Las empresas tradicionales consideran por otro lado que sufren la competencia desleal de las plataformas digitales.

El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión que el acuerdo se había logrado después de «negociaciones arduas y complejas» pero que «al fin hemos logrado una solución , un compromiso político y un plazo de aplicación prolongado» lo que no contradice que «hay que prepararse cuanto antes para aplicarlo».

En su cuenta en redes sociales, Dombrovskis escribió después que la medida «ayudará a los gobiernos a recuperar los ingresos por IVA, impulsar la lucha contra el fraude del IVA y reducir la presión sobre las finanzas públicas. Un buen ejemplo de simplificación y un gran avance para la agenda de fiscalidad justa».

Según los cálculos que hizo la Comisión en 2022 cuando presentó esta reforma, la medida aprobada ayer permitirá a las autoridades tributarias de los Estados miembros recaudar hasta 6.600 millones de euros anuales, mientras que las plataformas ahorrarían conjuntamente unos 48 millones en simplificación de sus gestiones fiscales.

Factura electrónica

Otra de las medidas aprobadas ayer es la que obligará a las empresas que venden un producto o servicio en otro país de la UE deban emitir una factura electrónica para enviarla a las autoridades fiscales de cada país, en lugar de la «declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias» que se utiliza ahora y que según la Comisión era un procedimiento obsoleto. Bruselas calcula que la medida permitirá a los países ingresar unos 11.000 millones de euros más y a las empresas que operan en mercados de varios países ahorrar hasta 4.100 millones al año por la simplificación burocrática.

De hecho, también se ha aprobado la creación de un nuevo portal único en el que se van a poder registrar todas las empresas que operan en varios países para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, especialmente el IVA, e interactuar con las autoridades tributarias de los distintos gobiernos. Este gesto, según la Comisión puede hacer que las pymes que tienen clientes en otros países se ahorren unos 850 millones de euros en gestiones burocráticas y administrativas.

ABC