Cabify saca a la venta autorizaciones de VTC para operar en Madrid antes de que se las concedan

Negocia con sus socios habituales sin que el gobierno de Ayuso haya confirmado que las concederá

Cabify saca al mercado cientos de autorizaciones para operar vehículos de transporte con conductor (VTC) que ha logrado resucitar en los juzgados, después de que el Tribunal Supremo rechazase la negativa de la Comunidad de Madrid a concedérselas. Lo hace sin tener la garantía de que la administración regional se las conceda, puesto que puede volver a recurrirlas ante la Justicia. Preguntado por estos hechos y a cierre de esta edición, no ha habido respuesta del Gobierno de Ayuso sobre cómo procederá.

La resolución del pasado junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó esta ratio al considerar que vulnera la libertad de establecimiento fijada en su Tratado Fundamental, permitiendo que las empresas del sector volviesen a pleitear para formalizar sus licencias. Las cuatro ya tramitadas abren la puerta a incorporar 4.000 VTC más a las calles de Madrid. Desde el pasado mes de enero, los juzgados han ido resolviendo una serie de pleitos que tenían su origen en el año 2018, cuando la región denegó la petición de Maxi Mobility Spain S.A. (Cabify) argumentando que su concesión superaría la regla vigente entonces de 1 VTC por cada 30 taxis.

La resolución del pasado junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó esta ratio al considerar que vulnera la libertad de establecimiento fijada en el artículo 49 del Tratado Fundamental del club comunitario, permitiendo que las empresas del sector, y muy especialmente Cabify, volviesen a pleitear para formalizar sus autorizaciones. Las cuatro sentencias resueltas en lo que va de año han abierto la puerta a incorporar más de 4.000 VTC a las calles de Madrid.

«Desde Cabify nos encantaría facilitarte acceder a nuevas licencias y que puedas beneficiarte de las oportunidades que esto puede suponer a un precio más competitivo de lo que ofrece el mercado», señalan en un anuncio publicado en varias redes sociales, y que invita a completar un cuestionario para postularse.

Hasta 75.000 euros por autorización

Según ha podido conocer elEconomista.es de fuentes del sector, Cabify está ofreciendo estas autorizaciones a muchos de sus colaboradores habituales en el sector: «Daremos prioridad a los partners que más han confiado y colaborado con nosotros en los últimos años», señalan en un correo electrónico enviado a algunos de ellos, al que ha tenido acceso este medio.

Por cada una de estas licencias, Cabify estaría solicitando un importe de entre 70.000 y 80.000 euros, pero dada la necesidad de cumplir el escaso plazo legal para tomar posesión de las mismas —fijado en 10 días, aunque prorrogable si se recurre—, la empresa está optando por requerir dos pagos a los interesados: un primer pago de entre 15.000 y 25.000 euros en el momento de cerrar el acuerdo con el interesado en quedarse la licencia, y un segundo con el restante, una vez les sea concedido el permiso por la administración.

Cuestión aparte es la duración de las mismas: su validez es para un máximo de cuatro años para realizar servicios de transporte urbano, el período indemnizatorio que permite el llamado ‘Decreto Ábalos’ con la que se trató de regularizar la situación. Para tratar de hacer más atractivo su producto, Cabify estaría acordando con los compradores de estas licencias la devolución de los segundos 45.000 euros en caso de que pasados estos cuatro años, la administración opte por revocarlas, en un intento de creer que la las prorrogará, como ya se han concedido en algunos casos.

Además, para poder hacerse con una de estas licencias, Cabify estaría obligando a trabajar con su aplicación un mínimo de 25 horas semanales, garantizándose cierta exclusividad frente a otros competidores como Uber o Bolt, que no dispondrán de estas nuevas licencias y verán limitada la oferta de conductores y licencias, en un movimiento con el que Cabify se garantiza ampliar su cuota de mercado en la capital.

La estrategia de Cabify para incorporar estas licencias pasa por socializar su entrada en servicio de cara a asimilarlas a la situación de los taxistas, un colectivo tradicionalmente formado por autónomos y pequeñas pymes, frente a la concentración empresarial del sector de las VTC, donde determinadas firmas poseen miles de licencias.

Preguntados por estos hechos, desde Cabify admiten haber iniciado los trámites pertinentes para obtener estos permisos y, al mismo tiempo, estar en conversaciones con las empresas que colaboran con la plataforma para «compartir con ellos las nuevas oportunidades que están por venir» con el fin de que sea un «beneficio compartido».

Respecto a las sentencias del Supremo, las califican de «una buena noticia para la movilidad urbana y para los ciudadanos, que tendrán más alternativas sostenibles a su disposición». A ese respecto, consideran que Madrid «tiene capacidad para absorber un mayor volumen de vehículos de transporte discrecional, tanto taxis como VTC, de los que operan actualmente», al haber localizado «una demanda mayor a la oferta a su disposición». También esgrimen que el volumen de este tipo de vehículos por habitante está «aún lejos» de otras capitales europeas como París o Londres.


Fe de erratas: Algunas de las cuantías publicadas han sido ajustadas frente a la primera edición publicada en digital y a papel, tras ser proporcionados datos más precisos.

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