La normativa que regula las licencias de vehículos con conductor es estatal pero el control y la inspecciones son responsabilidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

Íñigo de la Serna insta a que refuercen las inspecciones para que se cumpla la ley

La “crisis” que vive el sector del taxi en España por culpa de la rápida implantación de plataformas de vehículos con conductor -Uber y Cabify- en las principales ciudades de España es culpa de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Eso es lo que ayer aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que anunció que su Departamento estudia cómo evitar la especulación con las licencias de vehículos con conductor (VTC). Unas licencias que, señaló De la Serna, las expiden las comunidades autónomas, que también son responsables junto a los Ayuntamiento de realizar las inspecciones pertinentes.

Especial preocupación existe entre los taxistas de las ciudades españolas más importantes como Madrid, Barcelona y Zaragoza -en Sevilla unos desconocidos quemaron 8 coches de Uber durante la Feria de Abril- donde las manifestaciones del sector provocaron a finales de mayo interminables colas de viajeros en aeropuertos y estaciones.

El ministro pidió ayer a los representantes municipales de Madrid, Barcelona y Zaragoza que asistieron a la reunión convocada por el propio De la Serna para analizar la situación del sector que refuercen estas inspecciones.

En el encuentro se constató que las inspecciones que se han realizado en estos tres Ayuntamientos son insuficientes. Por ello De la Serna ha pedido que se cree una sección especial dentro de la Policía Municipal para inspeccionar las licencias.

De la Serna insistió en que la normativa que regula el sector de VTC es estatal (fue aprobada en 2013) pero que las competencias sobre la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento corresponde a las comunidades autónomas, a las que también corresponde la inspección de estos servicios, de las que también pueden ocuparse los Ayuntamientos.

Por este motivo el ministro pidió que no se confunda el ámbito de las competencias. Fomento -dijo- no tiene competencia en la regulación del taxi, ya que las tarifas y el número de licencias las aprueban los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, en función de la distribución competencial aprobada en cada Comunidad Autónoma (Ley 5/1987).

Por otra parte, ante las peticiones efectuadas por los tres citados Ayuntamientos, referidas a que se ejerza el derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración, Fomento recuerda que son las Comunidades Autónomas las que otorgan las licencias y las que tienen delegadas las funciones de inspección de estos servicios.

Por su parte, los taxistas califican de “desleal” plataformas como Uber y Cabify y han pedido la puesta en marcha de una plataforma digital, como las que utilizan estas empresas, además de una ayuda que compense económicamente a los profesionales que pagan sus licencias.

El Pueblo Digital