El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha defendido la convocatoria de movilizaciones del sector ante la incertidumbre jurídica que, asegura, atraviesan los profesionales tras la reciente sentencia del TSJCV. El colectivo teme que la falta de una regulación sólida acabe derivando en una liberalización de facto de las VTC en el ámbito urbano.
Según explica Del Molino, el problema viene de lejos. Desde la primavera de 2025, el sector viene alertando de las carencias del decreto ley autonómico que regula a las VTC. “La propia sentencia deja claro que, al no existir una prohibición expresa autonómica o municipal, pueden estar realizando servicios urbanos”, señala. A su juicio, este vacío normativo está permitiendo que las plataformas “campen a sus anchas” en las ciudades.
Ante este escenario, el presidente de Cofed Taxi CV reclama una norma con mayor seguridad jurídica. “Hace falta una ley bien hecha, con base sólida, que deje claras las reglas del juego”, subraya. La protesta convocada para el próximo 25 de febrero responde, dice, a la falta de avances reales por parte del Consell: “No hay texto encima de la mesa ni calendario. Llevamos meses de reuniones sin resultados concretos”.
Del Molino también advierte de los efectos colaterales dentro del propio sector del taxi. “Hay asalariados que están pidiendo licencias de VTC porque el modelo laboral les permite ganar más”, apunta, lo que, en su opinión, evidencia el desequilibrio competitivo entre ambos sistemas.
El dirigente rechaza que las reivindicaciones busquen proteger intereses corporativos. “No se trata de blindar al taxi, sino de proteger a la ciudadanía y a los servicios públicos. Las VTC pueden existir según las necesidades del territorio, pero el transporte urbano debe seguir siendo competencia del taxi”, defiende.
Además, alerta de que un nuevo decreto no resolverá por sí solo el problema. “Aunque se apruebe, luego habrá que validarlo. Si no tapa el vacío legal y no pone orden en esta ‘selva urbana’, seguiremos en las mismas”, advierte. También denuncia la inseguridad jurídica diaria: las VTC son sancionadas por hacer servicios urbanos, pero recurren las multas alegando que no hay una prohibición expresa, pese a no contar con autorización específica para ese tipo de servicios.
Por último, Del Molino señala la desigualdad de fuerzas en los tribunales. “Enfrente hay multinacionales con recursos casi ilimitados y despachos muy potentes. Eso coloca al taxi en una posición de clara desventaja”, concluye.
Fuente | interdiario.es
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