Quienes compraron acciones en la oferta pública inicial de Uber Technologies Inc. demandaron a la compañía por presuntamente ocultar información sobre la legalidad de su modelo comercial, su historial de seguridad de los pasajeros y otros asuntos. La demanda representa a múltiples inversionistas que compraron acciones cuando la empresa se hizo pública, dictaminó un tribunal federal de California.

Los problemas comunes superan a los individualizados, incluidos los “fragmentos de información” que las personas asociadas con un inversionista institucional pueden haber tenido, dijo el martes el juez Richard Seeborg del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California.

Seeborg aprobó una definición de clase que incluye a todos los que adquirieron las acciones ordinarias de la empresa de camiones de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores antes de la oferta pública inicial, con algunas excepciones para aquellos con otros vínculos estrechos con Uber.

El Sistema de Retiro de Boston y otros inversionistas alegaron que Uber “basó su crecimiento en un modelo de negocio de ‘crecimiento a cualquier costo’ no revelado e insostenible, poniendo el crecimiento por encima de las ganancias, la ley e incluso la seguridad de sus pasajeros”. dijeron los inversionistas.

Los documentos de la oferta afirmaban engañosamente que la empresa había reformado y cambiado sus normas culturales internas, a pesar de los continuos problemas legales, de seguridad y de crecimiento, según la moción de certificación colectiva.

Uber emitió y vendió más de 180 millones de acciones ordinarias en su oferta pública inicial, según los demandantes.

Las acciones de Uber cayeron de $45 en la Oferta Pública Inicial (OPI) de mayo de 2019 a alrededor de $26 en noviembre de 2019.

Uber está condenado, al igual que las ciudades que lo apoyaron

Seeborg rechazó el argumento de Uber de que los problemas en el caso no eran lo suficientemente comunes para la certificación de clase porque el gerente de inversiones de BRS tenía empleados que sabían sobre los problemas que Uber supuestamente omitió en sus presentaciones de OPI.

“En una demanda colectiva de valores contra otro operador de viajes compartidos, Lyft, otro tribunal de este distrito rechazó la afirmación de que cierto conocimiento sobre los problemas que enfrentaba Lyft con respecto a las agresiones sexuales derrotaron la preferencia”, dijo Seeborg.

En ese caso, como aquí, el conocimiento de los demandantes va “a la conciencia de un tema general, no a la magnitud de los problemas alegados”, dijo. BRS y cuatro inversionistas individuales actuarán como representantes de la clase.

Seeborg nombró a Labaton Sucharow LLP como abogado de la clase. Shearman & Sterling LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP representan a Uber.

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