El período de exposición pública concedido por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para presentar alegaciones al borrador del Reglamento regional para el sector del taxi ha terminado.

Un total de doce organizaciones entre asociaciones, federaciones, sindicatos y otros colectivos, representativos tanto de los profesionales del transporte de viajeros como de los usuarios, han registrado los correspondientes escritos solicitando cambios en un texto que, según aclara el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, «sigue vivo y abierto hasta la redacción final dentro de este proceso de participación pública».

«El Reglamento otorga seguridad jurídica a los profesionales, pero también va dirigido a los usuarios, de modo que reciban un servicio de calidad, sin olvidar que afecta a otras modalidades para el traslado de personas», aclara, y que no puede entrar en cuestiones que legalmente son competencia de los ayuntamientos.

Una vez estudiadas las alegaciones y en función de que las modificaciones en el texto que vayan a ser aceptadas afecten sustancial o sólo superficialmente al articulado, el Gobierno regional contempla dos posibles opciones: someter nuevamente el borrador a un segundo período de exposición pública o realizar una ronda de consultas entre los colectivos que han alegado al primer borrador al objeto de elevarlo al Consejo Regional de Transportes.

Actualizar el régimen de esta clase de servicios y adecuarlos a las nuevas necesidades y formas de explotación del transporte de personas son los objetivos prioritarios de la futura norma, que sustituirá al Real Decreto estatal del año 1979 por el que se ha venido regulando la actividad en Castilla-La Mancha. La obtención, transmisión, extinción o suspensión de licencias, habilitaciones y otros requisitos para ejercer la actividad, el tipo y requisitos de los vehículos permitidos o los límites de los permisos y las excepciones reguladas para las zonas de baja densidad poblacional son algunas de las cuestiones que aborda el proyecto de Reglamento.

Además, el texto define desde las atribuciones de los ayuntamientos hasta los distintivos y señales luminosas, documentos de obligatoria exhibición, los procedimientos o excepciones al uso del taxímetro, la publicidad, las paradas, los servicios obligatorios, los servicios complementarios y un largo etcétera de cuestiones de índole técnica, así como las características de los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida o el número de licencias óptima en función de la población o características concretas de cada municipio.

La futura normativa también regula las áreas territoriales de prestación conjunta en aquellas zonas donde existe interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios especialmente pensada para municipios de baja demografía.

Fuente: ABC