El sector del taxi en Málaga ha encendido todas las alarmas tras registrarse dos atracos con armas en apenas una semana, unos hechos que han incrementado notablemente la sensación de inseguridad entre los profesionales. Las asociaciones del sector reclaman ayudas públicas para instalar cámaras de videovigilancia en los vehículos, un sistema cuyo coste ronda los 800 euros y que, en muchos casos, ya están pagando los propios taxistas de su bolsillo.
Según ha explicado el presidente de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, dos conductores fueron asaltados mientras trabajaban en la capital malagueña. En ambos casos, los agresores —presuntamente jóvenes— se subieron como clientes y atacaron al taxista al llegar al destino, en la zona de Palma-Palmilla. En uno de los episodios se utilizó un arma de fuego y en el otro un arma blanca de grandes dimensiones.
Ante la gravedad de los hechos, el colectivo ha decidido dar un paso más y reclamar apoyo institucional. La Confederación del Taxi de la Costa del Sol ha remitido un escrito a la Consejería de Transportes de la Junta de Andalucía, mientras que la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha hecho lo propio ante el Ayuntamiento de Málaga.
En su comunicación al Consistorio, los taxistas trasladan su “preocupación por los recientes atracos”, que consideran que ponen en grave riesgo la integridad física de los profesionales y afectan directamente a la prestación de un servicio público esencial para la ciudad.
Un trabajo “en solitario y con mayor exposición al riesgo”
Desde AUMAT recuerdan que el taxi es una actividad que se desarrolla de forma individual y, en muchos casos, en horarios nocturnos, lo que incrementa la vulnerabilidad ante situaciones violentas. Por ello, defienden que la instalación de cámaras de seguridad es una medida preventiva, disuasoria y eficaz, además de una herramienta útil para las fuerzas de seguridad en la investigación de delitos.
La asociación subraya que el elevado coste de estos sistemas —alrededor de 800 euros según el modelo— supone una barrera económica para muchos profesionales, motivo por el que reclaman líneas de subvención específicas. Entre sus peticiones a la Junta de Andalucía figuran ayudas para cámaras homologadas, el estudio de medidas normativas adicionales y una mayor coordinación con ayuntamientos y cuerpos policiales.
El impacto psicológico de estos episodios también es una preocupación creciente en el sector. “Cuando un cliente se sube y dice que va a una zona conflictiva, el cuerpo ya se te pone en alerta, y más aún después de que te apunten con una pistola”, reconoce un portavoz del colectivo. Añade que los sistemas de videovigilancia cuentan con accesos restringidos y que las grabaciones solo se entregan a la Policía en caso de delito.
Desde AUMAT insisten en la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga impulse un programa municipal de ayudas, refuerce la colaboración con la Policía Local y abra un canal de diálogo estable con el sector. Como referencia, recuerdan que en otras comunidades y países ya existen precedentes: “En Galicia se concedieron ayudas para instalar cámaras y en países como Finlandia todos los taxis las llevan de forma obligatoria”.
Para los taxistas malagueños, la seguridad ha dejado de ser una reivindicación puntual para convertirse en una necesidad urgente.
Fuente | malagahoy.es
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