El Cabildo propone 4.001 euros de multa para cada uno tras detectar servicios de transporte sin autorización en Arrecife
El Cabildo de Lanzarote ha iniciado dos procedimientos sancionadores contra sendos conductores pirata por presuntamente realizar servicios de transporte de viajeros sin contar con la autorización administrativa necesaria. Cada expediente contempla una propuesta de multa de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros.
Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, coincidiendo con una jornada de elevada afluencia de jóvenes a la zona de ocio.
Según ha informado el Cabildo, agentes de la Policía Nacional observaron cómo los dos vehículos acudían de forma reiterada al mismo punto para recoger pasajeros y trasladarlos posteriormente a diferentes lugares de la capital lanzaroteña.
Los agentes localizaron teléfonos y un terminal de pago
Durante las actuaciones, los efectivos localizaron tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico. En uno de los dispositivos se habría comprobado además la existencia de un grupo de mensajería denominado ‘Uber’.
No obstante, el expediente señala que estos elementos constituyen indicios complementarios y que la imputación se fundamenta principalmente en la actuación observada por los agentes y las manifestaciones realizadas por los pasajeros sobre la forma en la que habían solicitado el servicio.
El Cabildo ha iniciado los correspondientes procedimientos sancionadores al considerar que los hechos podrían constituir una infracción muy grave de la normativa canaria de transportes, al tratarse presuntamente de la prestación de un servicio público sin la concesión, autorización o licencia requerida.
Vigilancia frente al transporte irregular
El consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, ha señalado que cada uno de los expedientes incluye una propuesta de sanción de 4.001 euros y ha defendido la continuidad de los controles para combatir este tipo de prácticas.
La institución insular mantiene así la vigilancia sobre el transporte no autorizado con el objetivo de proteger un servicio regulado y garantizar unas condiciones de seguridad y control tanto para los profesionales como para los usuarios.
Fuente | libertaddigital.com
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