El Ayuntamiento de Madrid queda en evidencia: Marta Alonso Anchuelo reconoce sin querer la inacción y el Comisario Principal confirma la impunidad de las VTC
El Ayuntamiento de Madrid ha quedado completamente retratado en su estrategia de INTENTAR ocultar su inacción y proteger a las VTC en el uso ilegal del carril bus-taxi. En su reciente respuesta a nuestra denuncia, Marta Alonso Anchuelo, Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, ha cometido un grave error: ha reconocido sin querer de que en los últimos tres años ni siquiera han leído ni tramitado las miles de denuncias interpuestas por los taxistas.
Este reconocimiento se suma a la confesión previa del Comisario Principal de la Policía Municipal, quien ya había confirmado que no se han tramitado nuestras denuncias y que en todo un año solo se han puesto 400 sanciones por uso indebido del carril bus-taxi, una cifra ridícula en comparación con los más de 94 millones de servicios que realizan las VTC anualmente, pero mucho más aún teniendo en cuenta que esa cifra es total, influidos coches particulares, furgonetas de reparto etc, y se niegan a darnos la cifra de VTCs porque evidentemente es nulo.
Pero no solo han quedado en evidencia por su falta de acción, sino que también han intentado manipular la interpretación de la ley y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar lo injustificable.
1. Confesión de inacción: tres años sin leer siquiera ni tramitar una sola denuncia.
En su respuesta, Marta Alonso Anchuelo trata de justificarse alegando que nuestras denuncias siguen un supuesto «protocolo de actuación» que no es válido. Sin embargo, lo que realmente demuestra con esa afirmación es que ni siquiera han leído nuestras denuncias en los últimos tres años, porque ese protocolo dejó de utilizarse hace ya mucho tiempo.
Desde hace tres años, cada taxista presenta individualmente sus propias denuncias, por lo que es absurdo que ahora utilicen como excusa un procedimiento que ni siquiera se aplica desde entonces. Cuando el volumen de denuncias se hizo insostenible, comencé a instruir a los taxistas para que cada uno de ellos se tramitase sus propias denuncias.
Este error de Marta Alonso Anchuelo deja en evidencia que el Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada con las miles de denuncias interpuestas por los taxistas en los últimos años.
Esto confirma y refuerza lo que ya reconoció el Comisario Principal de la Policía Municipal: que nuestras denuncias no han sido tramitadas y que la cifra de sanciones en carril bus-taxi es irrisoria.
2. La mentira sobre la comparecencia de marzo de 2022 y el protocolo que dicen que me dijeron que no admitían: pruebas que desmontan esta falacia del Ayuntamiento.
Otro de los puntos más graves de la respuesta de Marta Alonso Anchuelo es su intento de desacreditar el procedimiento de denuncia que usábamos. Afirma que en la comparecencia de marzo de 2022 se nos indicó que ese método no era válido, cuando la realidad es otra.
El Ayuntamiento aceptó plenamente este procedimiento en esa comparecencia.
El acta firmada por todos los asistentes a dicha comparecencia deja constancia de que se validó el protocolo que utilizábamos entonces para testificar infracciones.
Tal es así que después de esa comparecencia con fecha 3-3-2022 , el Ayuntamiento siguió tramitando nuestras denuncias con ese mismo procedimiento, como lo demuestran multitud boletines de denuncia que hemos aportado al Ayto. Nos pidieron ratificar y que tienen fecha posterior a la reunión de marzo de 2022, como este, lo cual demuestra que no solo es falso que consideren que aquel protocolo era ilegal, que fueron conocedores de él y que continuaron tramitando denuncias, sino que ahora no saben cómo intentar defender lo indefendible y se intentan escudarse en una mentira de un protocolo que hace 3 años que no se ejecuta, evidenciando que miles de denuncias interpuestas por los taxistas durante los 3 últimos años, es totalmente falso que las hayan analizado.
Es decir, el Ayuntamiento no solo aceptó y tramitó nuestras denuncias con este protocolo, sino que ahora miente para intentar justificar su inacción.
Cuando nuestras denuncias empezaron a aparecer en la prensa escrita y en televisión, el Ayuntamiento cambió al encargado de tramitar las multas (nos consta por personal del Ayto) y dejaron de tramitarlas sin ninguna justificación legal.
3. Manipulación de la jurisprudencia: un intento desesperado de blindar la impunidad de las VTC.
Otro de los intentos de Marta Alonso Anchuelo por justificar la inacción municipal ha sido tergiversar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En su respuesta, afirma que los taxistas no podemos interponer denuncias porque somos «parte interesada», cuando la realidad es completamente diferente.
El derecho administrativo sancionador establece que cualquier ciudadano puede denunciar una infracción. El hecho de que la potestad sancionadora dependa de la Administración no significa que no podamos denunciar, sino que es la Administración la que debe analizar si la infracción es sancionable o no.
Existen múltiples sentencias del Tribunal Supremo que refutan este argumento, como precisamente la Sentencia de 30 de noviembre de 1998 (RJ 1998/9224), donde se establece claramente que la Administración está obligada a investigar cualquier denuncia y actuar en consecuencia si se confirma la infracción incluso aunque el denunciante sea parte interesada.
El artículo 62 de la Ley 39/2015 establece que cualquier persona puede poner en conocimiento de la Administración hechos que puedan constituir una infracción. No hay ninguna limitación que nos impida denunciar por ser taxistas según su actividad económica o profesión ni porque nos llevemos mal.
El Ayuntamiento está intentando darle la vuelta a la ley para justificar su inacción y seguir permitiendo que las VTC circulen con total impunidad.
Fuente | plataformacaracol.com
