El consejero de Transportes de Gran Canaria, Teodoro Sosa (NC), no quiere ni una sola licencia de VTC

El Consejero de Transportes de Gran Canaria, Teodoro Sosa (NC), se opone firmemente a la emisión de nuevas licencias de VTC

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Los hermanos Ortigüela son prácticamente unos desconocidos, pero durante años amasaron una fortuna. Se convirtieron en los reyes de las licencias VTC con Ares Capital, la sociedad que ha pedido las licencias de Gran Canaria dependiente en última instancia del ‘hedge fund’ King Street, relata el diario ‘La Información’. Ares Capital forma parte de todo un entramado societario tras la venta en los primeros meses de 2018. En aquel momento fue un fondo, King Street Capital, quien entró en escena en la compra de todos estos activos -casi 4.000 licencias entre las concedidas y las solicitadas ante los tribunales-. Pero no es el único accionista (ni los únicos que aparecen en el consejo de administración). En la lista completa está Jaime Castellanos, o Pedro del Corro García-Lomas, director general de Torreal y mano derecha de Juan Abelló.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha pedido a los VTC que no estén liando el marco normativo de las islas porque siempre van a tardar más y además en cada isla la norma europea es excepcional como ocurrió con Lidl, que tardó 10 años en comenzar en operar en las islas porque en la Península desconocen el poder que tienen los cabildos al confundirlos con diputaciones. Así, Transportes ha dado la opción de que compren concesiones donde las hubiera en venta pero eso es una trastada porque: ¿para qué quiere un operador de VTC una licencia en Agaete?

Desde verano pasado los cabildos insulares tienen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que limitar la licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea, no afecta al territorio insular y por tanto deberá seguir aplicándose lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que establece una limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias ha hecho llegar este escrito de coordinación a los cabildos, que son los que ostentan las competencias en el transporte terrestre, para dejar claro que la sentencia europea sobre las VTC en Barcelona no abre la posibilidad a cambios en la normativa que rige en la comunidad autónoma.

Según el escrito dirigido a los cabildos, se establece en la mencionada sentencia que la contingentación o cupo de VTC no puede ser establecida atendiendo a criterios de tipo económico, por eso, desde la dirección general se considera que Canarias no se encuentra afectada por la misma en base al artículo 4 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Este articulado recoge que esta proporcionalidad de los VTC en las islas obedece al objetivo de alcanzar la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y a la reducción del impacto y del coste medioambiental del mismo. Por tanto, su aplicación en las islas no obedece sólo a criterios económicos, como sí ha ocurrido en el caso de Barcelona.

“Nuestro cupo se basa en la necesidad de regular el transporte en territorio insular basándose en la insularidad y en la caracterización de ser una región ultraperiférica y no obedece a aspectos económicos como es el caso que ocupa dicha sentencia sobre el Área Metropolitana de Barcelona, ajustándose en el caso de Canarias a proteger el territorio y a la ordenación del transporte”, recoge el escrito enviado por la dirección general a los cabildos.

Por estos argumentos, se concluye que Canarias no se encuentra afectada por dicha sentencia y por tanto debe seguir aplicándose lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que fija la proporcionalidad de las autorizaciones. Dichos artículos establecen que los cabildos insulares denegarán las autorizaciones si se produce una situación de desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros (taxis) y de arrendamiento con conductor (VTC), y que dicho desequilibrio se producirá cuando, en cada isla, la relación entre ambos tipos de transporte sea superior a un VTC por cada 30 taxis.

El entramado empieza en España. Ares Capital ‘cuelga’ de una sociedad llamada Siargao Directorship, que tiene un consejo de administración prácticamente calcado y que también es el dueño de Moove Cars, la gestora de toda la flota, tanto de Ares como del resto de empresas adquiridas en este tiempo, y en la que también está como inversor Jon Riberas, copropietario de Gestamp. Siargao, a su vez, depende de otra llamada Garment Investment SL que, al final, tiene un dueño: Stone Peak Plum, con sede en Luxemburgo, cuyo 100% depende de otra firma en las Islas Vírgenes.

La venta al grupo de inversores liderado por el ‘hedge fund’ King Street fue a tres bandas. Uber, el gigante del transporte estadounidense, también tuvo un papel destacado,  pues promovió el acuerdo con el objetivo de lograr un socio de largo plazo para el mercado español. De esta forma, la compañía se aseguraba hasta 4.000 licencias para operarlas en su plataforma y mucha más estabilidad. Por primera vez, Ares Capital desvela lo que facturó de la compañía norteamericana, para la que trabaja en exclusiva: 15,9 de los 18,5 millones de euros ingresados por servicios de transporte durante el año 2018.

 

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