La guerra abierta por el taxi contra Uber y Cabify no es un fenómeno aislado en España. La proliferación de este tipo de plataformas en todo el mundo han llevado a los taxistas de las grandes capitales del mundo a desatar cientos de manifestaciones y paralizar las calles. Un conflicto que se ha resuelto en muy pocos países y que en otros se están buscando salidas que pasan por prohibir el servicio de Uber, como se hizo en Reino Unido, cuando se les retiró la licencia (ver apoyo), o por crear una regulación específica para permitir la competencia, como en India o Canadá.

En nuestro país, la última semana de protestas ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a comprometerse con los taxistas a articular una serie de medidas para «hacer efectivo el ratio 1/30 en las calles» (actualmente está en 1/7). Una promesa que ha puesto en alerta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante el riesgo de que las iniciativas puedan atentar contra la ley de Defensa de la Competencia y de la Unidad de Mercado. A la espera de que las propuestas se pongan negro sobre blanco para poder analizarlas, emitir sus recomendaciones y, en su caso, recurrirlas ante la Justicia, la CNMC aboga por el desarrollo de una legislación equilibrada que «permita la convivencia de ambos sectores».

En este punto, el superregulador apuesta por el modelo canadiense como un ejemplo a seguir para establecer unas reglas del juego que permitan a los taxistas adaptarse a las nuevas tecnologías y panorama de competencia y regular las VTC sin prohibirlas o frenar su actividad, como se ha intentado hacer hasta ahora en España.

Tras la batalla desatada por el taxi contra Uber, la ciudad más grande de Canadá, Toronto, decidió en 2015 plantear un reglamento que liberalizaba parcialmente la actividad del taxi e imponía a los conductores de Uber la obligación de tener una licencia, pagar un tasa a la ciudad por operar e imponía una serie de limitaciones de horarios, como tienen los taxis en España, donde, a diferencia de las VTC, no pueden operar todos los días ni más de 12 horas diarias. Así, según consta en la web de Uber, para poder operar en Toronto, los conductores de Uber tienen que tener un coche de menos de siete años, y deben obtener una licencia en la que se le exigen que no tenga antecedentes penales y otra serie de requisitos. Además, los coches tienen que pasar inspecciones todos los años.

Para lograr la licencia de operación (Private Transportation Company licence), los solicitantes deben pagar una tasa de 20.000 dólares, tener un seguro de accidentes con una cobertura de cinco millones dólares y ser canadiense o tener la residencia permanente además de presentar el certificado de no tener antecedentes penales.

En el caso de los taxis, se les permite recoger a los pasajeros en las calles cobrándoles la tarifa regulada de la ciudad, tal como vienen haciendo hasta ahora, pero también se abre la puerta a que puedan modificar tarifas en los viajes organizados a través de un intermediario, por teléfono o aplicación bajo las nuevas reglas. Además, Toronto redujo los costes de algunos de los requisitos que tienen que seguir los conductores de taxi para poder trabajar.

‘Uberizar’ el taxi

En este punto, más allá de los planes para «tender a recuperar el ratio 1/30», Fomento también ha descatado la importancia de potenciar la competitividad del taxi para que «se adapte a los nuevos tiempos». Así, ha asegurado que impulsará el uso de las nuevas tecnologías en el gremio, donde el uso de las aplicaciones no está ni muy extendido ni unificado, lo que las hace inoperativas.

«Vamos a crear un grupo de trabajo para intentar que el taxi gane competitividad y pueda convivir con las VTC», aseguró el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Transporte Terrestre. En esta línea ayer anunció que a finales de año se iba a poner en marcha la web de registro de los servicios de las VTC para asegurar que se realice la precontratación. El Consejo de Ministros trató ayer estas iniciativas pero Sánchez evitó pronunciarse sobre ellas en la rueda de prensa. Finalmente hizo una breve referencia a preguntas de los periodistas, lo que ha sentado mal en el gremio, que esperaba más.

Otros modelos: Reino Unido

En Inglaterra y Gales las licencias de taxi alcanzan los 80.600 vehículos y el de licencias de conductores de taxi es de 60.800. Las cifras se disparan en el caso de las licencias VTC: 210.300 vehículos y 218.300 conductores. En Londres, la gestora pública TFL rehusó renovar la licencia de Uber en septiembre de 2017 por considerar que no cumplía los requisitos de seguridad adecuados, pero en junio los tribunales británicos le otorgaron un permiso provisional.

Italia

En Italia se calcula que trabajan unos 40.000 taxistas, mientras que el número de vehículos con conductor alcanza el doble, los 80.000. Uber llegó a Italia en 2013, no con pocas controversias, y actualmente sus conductores solo están presentes en Roma y Milán con vehículos de alta gama. Los taxistas italianos han protagonizado numerosas huelgas y protestas contra la falta de legislación que controle servicios de alquiler de vehículos con conductor.

Francia

Unos 60.000 taxistas ejercen la profesión en Francia, mientras que el número de conductores privados se aproxima a los 26.000, cifra que se ha doblado en los últimos cuatro años por el éxito de las aplicaciones. El gremio de taxistas franceses ha protagonizado numerosas manifestaciones contra este tipo de plataformas. El Gobierno galo prepara una enmienda legislativa dirigida a plataformas como Uber para ofrecer mejores condiciones laborales.

Bélgica

En Bélgica existen 2.175 empresas de taxis con licencia para un total de 10.089 vehículos entre conductores autónomos e independientes. El número de vehículos con licencia VTC alcanza los 5.631. La relación entre el sector del taxi en Bélgica y plataformas de VTC como Uber no ha estado exenta de conflicto. Bruselas está desarrollando un nuevo «plan del taxi» para eliminar progresivamente la venta «en negro» de licencias que se espera entre en vigor en 2019.

El Economista