El Ejecutivo aragonés, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, ha publicado una orden que permitirá a la Policía Local de Zaragoza inmovilizar los vehículos que operen como VTC sin la autorización correspondiente. Con esta medida, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con el sector del taxi, que decidió desconvocar las protestas previstas tras la entrada en la ciudad de una tercera empresa de este tipo.
Los taxistas denuncian que numerosos vehículos de transporte con conductor carecen de la licencia necesaria para operar, y advierten que las sanciones impuestas hasta ahora no han sido suficientes para retirarlos de la circulación.
La nueva orden clarifica el procedimiento a seguir frente a quienes incumplan la normativa sobre Transportes Urbanos en Aragón, estableciendo que «deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se subsanen los motivos que dieron lugar a la infracción» en los casos estipulados. Además, señala que prestar servicios de transporte público sin el título habilitante requerido constituye una infracción de carácter muy grave.
«En los casos en que no se disponga de la licencia adecuada para prestar el servicio de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, se procederá a la inmovilización del vehículo, la cual se levantará una vez se subsanen las causas que la motivaron», señala el documento.
Para operar en la ciudad, es el Ayuntamiento de Zaragoza el encargado de conceder las autorizaciones, con una proporción máxima establecida de una licencia de VTC por cada 30 taxis. Antes de la llegada de la nueva empresa, Bolt, ya se habían otorgado todas las autorizaciones permitidas, un total de 59, por lo que la compañía debería emplear conductores que ya contaran con dichas licencias.
«La Administración debe velar especialmente por el cumplimiento de los requisitos que regulan ambas actividades: el servicio de taxi, considerado un servicio público impropio, y el arrendamiento de vehículos con conductor, catalogado como una actividad empresarial cuyo ejercicio debe garantizarse conforme a derecho», detalla la orden.
Durante la reunión celebrada en el marco de las protestas del sector del taxi con representantes de la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza, el consejero Octavio López explicó que la DGA ya estaba trabajando en una disposición aclaratoria para proporcionar «seguridad jurídica» a los órganos sancionadores y a los agentes de la autoridad, permitiéndoles aplicar las medidas necesarias contra quienes incumplan la normativa.
Los taxistas denunciaron además que algunos de estos vehículos aceptan clientes a mano alzada, no respetan el tiempo mínimo de espera de quince minutos antes de recoger pasajeros, circulan libremente por la ciudad en lugar de permanecer en la base y aparecen geolocalizados en la aplicación móvil, prácticas todas ellas prohibidas por la normativa vigente.
De este modo, la orden especifica que, en caso de detectarse alguna infracción durante las inspecciones, «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en cada territorio deberán adoptar las medidas cautelares correspondientes, incluida la inmovilización del vehículo, en los casos legalmente establecidos».
Dicha orden puede ser objeto de un recurso de reposición o impugnarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en un plazo de dos meses.
Fuente | heraldo.es
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