La Dirección General de Transportes va a convocar en próximas fechas una reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza y los sectores del taxi y de VTC
La Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón estudia la posibilidad de establecer una norma jurídica de carácter autonómico que regule y delimite el máximo la actividad de los taxis y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la comunidad.
Según informa el ejecutivo regional, a este fin se llevará a cabo en próximas fechas la licitación de un estudio informativo que analice los indicadores que puedan justifican la limitación de las licencias de los VTC, en función de los parámetros establecidos por la actual normativa nacional en vigor.
Los trabajos para elaborar este documento ya han comenzado con la redacción de los pliegos de licitación, que se estima estén listos en un plazo de cuatro meses.
En paralelo, y en el caso de que el estudio informativo concluyera que es posible establecer una norma autonómica, la Dirección General de Transportes va a recabar las propuestas y sugerencias de las partes concernidas: las de los sectores del taxi y de los VTC, así como la del Ayuntamiento de Zaragoza.
Se trata de recabar la mayor información posible desde los diferentes puntos de vista con la idea de redactar un primer borrador de anteproyecto que incluya las principales demandas de unos y otros, a fin de que sirvan de base para aproximar posturas y facilitar el mayor grado de entendimiento posible.
Posteriormente, y siempre en función de los resultados que arroje el estudio informativo, se continuará con un proceso de diálogo continuo que favorezca los acuerdos necesarios para enriquecer un documento de consenso para su remisión a las Cortes de Aragón como anteproyecto de ley en diciembre de 2025.
Según las fuentes citadas, durante los primeros meses de 2026, al texto se le irían incorporando los resultados de los informes elaborados por el Parlamento autonómico para configurarlo como proposición de ley y finalizar todo el trámite parlamentario en el último trimestre de ese año, con la aprobación de una ley autonómica de regulación de la actividad del taxi y de VTC.
Estas fuentes señalan que la futura ley tendría como objetivo poner fin al conflicto suscitado en Aragón, principalmente en la ciudad de Zaragoza, entre los proveedores de los servicios de taxi y de los de VTC, que tiene su origen en la actual indeterminación jurídica existente en la regulación de ambos servicios, como resultado de la falta de adecuación de la normativa estatal a los resultados de las recientes sentencias de los tribunales, tanto españoles como de la Unión Europea.
Añaden que ante la falta de avances por parte del Gobierno de España en la adaptación de esta normativa y de los problemas que afectan a la ciudadanía aragonesa derivados de la inseguridad jurídica actual, el ejecutivo regional ha impulsado esta iniciativa en la comunidad.
Para analizar el plan normativo y cómo gestionar la situación transitoria, la Dirección General de Transportes va a convocar una primera reunión de trabajo con representantes de las partes concernidas, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, y sectores del taxi y del VTC.
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