La reciente publicación del nuevo Decreto Ley que regula la actividad de las VTC en la Comunitat Valenciana ha provocado una contundente respuesta del sector del taxi, que denuncia un escenario de “desprotección total” y advierte de graves consecuencias tanto para los profesionales como para el servicio público que prestan a la ciudadanía.
Desde la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana (CTA-CV) consideran que la nueva normativa abre la puerta a que los vehículos de transporte con conductor operen “prácticamente como taxis”, eliminando limitaciones clave que hasta ahora diferenciaban ambos servicios. Entre los aspectos más criticados se encuentra la supresión del tiempo mínimo de precontratación, lo que, según el sector, permitirá a las VTC trabajar con inmediatez, compitiendo directamente en la calle.
El colectivo también denuncia la falta de control administrativo efectivo sobre estas plataformas, así como la ausencia de límites territoriales para operar en servicios urbanos. A su juicio, esto convierte a toda la Comunitat Valenciana en una “zona urbana sin regulación clara”, lo que califican como un “disparate legal”.
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la falta de competencias municipales en la gestión de este tipo de servicios. Los taxistas alertan de que el decreto reduce la capacidad de los ayuntamientos para ordenar el tráfico y el espacio público, lo que consideran un “abuso” hacia las administraciones locales.
Además, el sector muestra su desconfianza ante el anuncio de futuros estudios que definirán el modelo de convivencia entre taxi y VTC, recordando que decisiones anteriores han sido anuladas por los tribunales debido a informes “insuficientes o inexistentes”.
El malestar se intensifica al considerar que la medida pone en riesgo a miles de familias que dependen del taxi, denunciando incluso presiones hacia el sector para aceptar el nuevo marco regulatorio. En este sentido, acusan a la administración autonómica de favorecer a grandes plataformas y multinacionales en detrimento del servicio público tradicional.
Ante esta situación, la CTA-CV ha anunciado que esperará a contar con informes jurídicos detallados para decidir las próximas acciones, sin descartar movilizaciones o medidas legales. Mientras tanto, hacen un llamamiento a los ayuntamientos para que se posicionen y defiendan un modelo de movilidad “equilibrado, justo y al servicio de la ciudadanía”.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la tensión entre taxi y VTC en la Comunitat Valenciana, en un momento clave para el futuro del transporte urbano.
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