El sector del taxi valenciano, indignado con la CNMC al «favorecer a las multinacionales y a los poderosos»

Las empresas consideran desproporcionada la ordenanza de Movilidad de Valencia y anuncian que estudian acudir a los tribunales

El dictamen de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre la regulación que la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia hace de los vehículos de transporte con conductor (VTC) no ha sentado nada bien en el sector del taxi de la ciudad. El colectivo de las VTC lo celebra como la principal herramienta para enfrentarse, judicialmente, al Consistorio para pedir que retire una normativa que considera demasiado restrictiva.

El tema polariza a todas las partes implicadas. Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, cree que Competencia demuestra, con este dictamen y el anuncio de acudir a los tribunales, «que lleva años haciendo de todo menos regular la competencia». «Intenta favorecer a las multinacionales y a los poderosos y a los que trabajan por debajo de costes y hacen todo tipo de trampas al sistema de derecho y a las normas de transporte», indica, duramente, del Molino. «Una de las cosas que se puede tener en cuenta es que dentro de la comisión ya hay voces que ponen encima de la mesa que estas regulaciones son ajustadas a derecho», señala, en referencia al voto particular firmado por los consejeros Mariano Bacigalupo y Xabier Ormaetxea.

Del Molino cree que la ordenanza no se está cumpliendo. Sí admite que han notado que el número de licencias no crece, pero lamenta que ven que las normas «se las saltan igual que se saltaban las anteriores». «Antes se saltaban los 15 minutos de preavuso y ahora se saltan la hora», explica de forma elocuente. Los taxistas de la ciudad dicen tener conocimiento de que la PLV está mulnado la espera y recaptación de pasajeros en la calle, pero «los conductores de las VTC buscan la forma de saltarse las normas»: «Los vemos aparcados en todas partes».

«Todas estas normas buscan evitar que las VTC hagan de taxi y que cumplan esa precontratación y que no recojan en la vía pública a los usuarios a mano alzada», insiste del Molino, que cree que es en lo que Competencia debería centrarse, no en, según sus palabras, «trabajar a favor de las multinacionales».

Al otro lado de la calle está Ricardo González, presidente de la Asociación Profesional de Movilidad de la Comunitat Valenciana (Movea CV), que habla en nombre de las VTC. En su opinión, el dictamen de Competencia «está en consonancia con otros dictamenes similares». «Nuestros servicios jurídicos lo están estudiando», dice González, que no descarta «ir a impugnar la ordenanza». Preguntado por las acusaciones de los taxistas sobre si cumplen o no las normas, sobre todo esa hora de precontratación que Competencia dice que hace «menos atractivo» para los usuarios el uso de las VTC, González explica que tienen «contratos de servicios». «Cualquier usuario que contrata por primera vez tiene que esperar la hora», dice. ¿Y después de ese primer uso? González esquiva la pregunta: «Hay muchos servicios que no requieren esa hora de antelación: la gría, servicios sanitarios…». «Entendemos que cumplimos la norma», dice González, que añade que, en su opinión, la ordenanza de movilidad «es desproporcionada tal como está».

Desproporcionalidad

Es lo mismo que piensa Competencia y justo lo contrario de lo que piensa el Consistorio, cuya concejalía de Movilidad le afeó a la CNMC, precisamente, que no explique en su dictamen dónde está esa desproporcionalidad de la que habla. Sobre la hora de preaviso indica que la obligación de tener que dejar pasar un lapso de tiempo desde el momento en el que se contrata el servicio y el momento en el que puede iniciarse su prestación que vaya más allá de lo necesario para garantizar que se produce la precontratación «supone un obstáculo injustificado para la prestación de servicios de transporte».

La ordenanza prohíbe estacionar a menos de 300 metros de lo que el texto municipal llama «lugares de concentración y generación de demanda», y que incluyen puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses; centros comerciales y de ocio; equipamientos deportivo-recreativos y sanitario-asistenciales, públicos o privados, de la red primaria; hoteles con más de 400 plazas de alojamiento; y paradas de taxis con capacidad superior a 9 plazas. A este respecto, Competencia dice que va «más allá de la norma autonómica», puesto que amplía la prohibición a 300 metros a la redonda.

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