Medio millar de taxistas, respaldados por 16 asociaciones, han protestado ante la Cámara andaluza mientras, dentro, se debatía sobre el decreto ley

Alrededor de medio millar de taxistas han protestado este miércoles en Sevilla por el decreto de la Junta que regula la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ya que entienden que supone «la muerte» del sector del taxi andaluz. 

La marcha se ha iniciado a las 17:00 horas en el Estadio de la Cartuja y una hora después llegaba a las puertas del Parlamento de Andalucía, donde en ese momento se producía un debate sobre ese decreto, al que han asistido representantes del sector desde la tribuna de invitados.

La convocatoria estaba respaldada por hasta dieciséis asociaciones del sector, que piden la dimisión de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, por la «traición» con este decreto, y que amenazan con acudir a la justicia para defender sus derechos.

Los manifestantes han entonado cánticos contra la consejera y contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con una pancarta en la que alertan de que hay 10.000 familias andaluzas del taxi en peligro «por el decretazo de la Junta».

Han denunciado que no se han admitido las propuestas del sector y han criticado la «imposición», por lo que ahora irán al juzgado y mantendrán las protestas «de manera inteligente», protegiendo al usuarios del taxi.

La protesta, a pie, se ha producido sin incidentes. Ante la entrada del Parlamento, los manifestantes estaban acotados por vallas, con la presencia de decenas de policías nacionales.

LA JUNTA DICE QUE LA NORMA ES «SENSATA»

Mientas, dentro del Parlamento tenía lugar el debate sobre el decreto ley aprobado por el Gobierno y que supone para los partidos de la oposición parlamentaria «perjudicial» para el sector del taxi, pese a que el Ejecutivo regional considera que se trata de una norma «sensata, equilibrada y basada en la seguridad jurídica».

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz un día después de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto, que entrará en vigor el 1 de octubre, y sobre el que ha asegurado que busca «la convivencia en armonía entre este sector y el del taxi«, algo que no parece haber logrado, ya que este último colectivo está llevando a cabo protestas, la última a las puertas de la sede parlamentaria.

Isabel Ambrosio (PSOE), que ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno andaluz en este asunto, ha advertido a la consejera de que «dialogar no es informar» y que la falta de diálogo ha provocado que todo el sector del taxi está en estos momentos en contra del Gobierno andaluz porque tras los cuatro años que ha tenido para negociar han aprobado «la sentencia de muerte» para el sector.

Ha acusado a Carazo de haber actuado en este asunto de «soberbia política, deslealtad e insolvencia y mala fe», y ha añadido que su comparecencia es la «constatación de su fracaso».

Ricardo López, por el grupo parlamentario Vox, ha lamentado que la inestabilidad del sector el culpa tanto de los gobiernos socialistas y del PP en España que no solo no han arreglado el problema sino que genera 17 regímenes diferentes «con el consiguiente problema a los usuarios», de forma que el «bipartidismo» solo perjudica a las miles de familias que ven su futuro «con desasosiego» pero también perjudicará a los usuarios.

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha calificado la comparecencia de la consejera de «trampa» porque habla de un decreto aprobado ayer «y que no conocemos» pero no debe ser una buena regulación habida cuenta de «lo enfadado que esta el sector» del taxi, por lo que se trata de una medida que llega «tarde y mal», que al final supone una competencia «desleal» por parte de las VTC, que están en manos de multinacionales.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mostrado convencida de que en la jornada de hoy a la consejera «no le llega la camisa al cuello» porque con este decreto el Gobierno andaluz ha generado una situación de conflicto «que no existía» porque de lo que se trata es de «elegir entre las 10.000 familias y tres multinacionales con sede paraísos fiscales», estos últimos, los «elegidos» por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La medida aprobada ayer por el Gobierno andaluz permitirá que se mantengan como hasta ahora las autorizaciones que concede el Estado para los VTC: las nuevas licencias sólo se concederán sólo cuando las licencias sean de un VTC por cada 30 taxis. Esa ratio de licencias en Andalucía es ahora de un VTC por 2,7 taxis.

Se establecen zonas con gran concentración y generación de demandas de servicios de transportes de viajeros, entre las que se recogen los aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, centros comerciales y de ocio con más de 500 plazas de garaje, hospitales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas y cualquier otro lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural o social que tenga gran potencialidad de generación de viajes.

Los VTC no podrán estacionar a menos de 150 metros de las zonas de especial protección cuando no estén contratados previamente o prestando un servicio, ni en circulación continuada, salvo para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses, que será como mínimo de 300 metros, y la excepción a esta regla consistirá en los servicios que deban prestarse como consecuencia de casos de urgencias, emergencias o asistencia en carretera.

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