La Confederación de Taxis de la Costa del Sol ha registrado una solicitud formal ante la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para conocer los motivos que han provocado el importante incremento de autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la comunidad autónoma, especialmente en la provincia de Granada.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, España ha pasado de 25.064 autorizaciones VTC en mayo a 25.610 en junio, lo que supone un incremento de 546 autorizaciones en apenas un mes.
La situación más llamativa se produce en Granada, donde el número de autorizaciones ha pasado de 143 a 808, registrando un aumento de 665 VTC en tan solo un mes. Un crecimiento sin precedentes que ha generado una profunda preocupación en el sector del taxi andaluz por sus posibles consecuencias sobre el equilibrio del transporte de viajeros.
Desde la Confederación también se recuerda que Málaga continúa siendo uno de los principales focos de concentración de VTC de España, con 2.706 autorizaciones en vigor, una cifra que sigue situando a la provincia entre las que soportan una mayor presión por parte de estas plataformas.
Ante esta situación, la organización solicita a la Junta de Andalucía información detallada sobre los criterios administrativos y jurídicos que han permitido este incremento, las razones que justifican el extraordinario crecimiento registrado en Granada, la coordinación existente con el Ministerio de Transportes y la valoración que realiza la Administración autonómica sobre el impacto que estas autorizaciones tienen en el servicio público del taxi y en la movilidad urbana.
La Confederación de Taxis de la Costa del Sol considera imprescindible que exista la máxima transparencia en una cuestión que afecta directamente a miles de profesionales del taxi, a la planificación del transporte público y al modelo de movilidad que se pretende desarrollar en Andalucía.
La organización permanecerá vigilante ante la evolución de estas autorizaciones y reclama a las administraciones públicas que garanticen un marco regulatorio equilibrado que proteja el interés general y evite situaciones que puedan comprometer la viabilidad de un servicio público esencial como es el taxi.
