El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) vuelve a intensificarse en la Comunitat Valenciana tras la aprobación del nuevo decreto ley impulsado por el Consell. La normativa, que busca regular la convivencia entre ambos modelos, ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte de los taxistas, que denuncian una “equiparación encubierta” que perjudica al servicio público.
Desde la Confederación de Taxistas Autónomos advierten de que el nuevo marco permitirá a los VTC operar en condiciones muy similares a las del taxi, especialmente tras la eliminación del tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos. A su juicio, esta medida abre la puerta a que estos vehículos trabajen con inmediatez, compitiendo directamente en el ámbito urbano.
El malestar del sector también se dirige hacia el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, a quien acusan de no haber cumplido con los compromisos adquiridos. Los profesionales consideran que el decreto favorece a grandes plataformas y multinacionales, mientras deja en una posición de desventaja al taxi, que sigue sujeto a tarifas reguladas y obligaciones propias de un servicio público.
La nueva normativa incluye, como medida destacada, una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias tanto de taxi como de VTC —con excepciones en el caso de vehículos adaptados—, periodo durante el cual se elaborará un estudio para analizar el equilibrio entre oferta y demanda en el sector. Actualmente, existen más de 2.000 autorizaciones de VTC en la Comunitat Valenciana y miles de solicitudes pendientes, lo que ha llevado al Consell a justificar la necesidad de ordenar el sistema.
El decreto también incorpora un régimen sancionador específico para las VTC, con multas que pueden alcanzar los 6.000 euros en casos de infracciones graves, como la captación ilegal de clientes en la vía pública o la prestación de servicios fuera de las condiciones autorizadas.
En paralelo, introduce cambios relevantes para el taxi, como la ampliación del número de licencias por titular, la flexibilización en la concesión de nuevas autorizaciones o la eliminación de la dedicación exclusiva, medidas que el Consell defiende como un impulso a la modernización del sector.
Sin embargo, estas modificaciones no han logrado calmar las críticas. Los taxistas insisten en que la eliminación de la precontratación mínima supone el punto más conflictivo, al considerar que rompe la principal diferencia operativa entre ambos servicios.
Por su parte, el sector de las VTC también ha mostrado su descontento, al entender que el decreto no resuelve el problema de fondo y mantiene la inseguridad jurídica, especialmente en lo relativo a las limitaciones para estacionar o circular sin servicio contratado.
Desde la Generalitat se defiende que el objetivo de la norma es priorizar al usuario y mejorar la movilidad, aunque reconocen que cualquier cambio en un escenario tan tensionado genera rechazo en ambas partes.
Con posiciones enfrentadas y el anuncio de posibles acciones legales por parte del taxi, la Comunitat Valenciana entra en una nueva fase de incertidumbre en la regulación del transporte urbano, donde el equilibrio entre ambos modelos sigue lejos de alcanzarse.
Fuente |eldiario.es
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