Esta misma semana han visto la luz diversas informaciones en las que se han desvelado las prácticas precarias que la red de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) viene realizando para dar servicio a las distintas plataformas digitales que operan en la movilidad urbana (como por ejemplo Cabify) quienes imponen un sistema que fuerza a los conductores a la precariedad laboral con jornadas de más de 60 horas a la semana, hacerse falsos autónomos o tener que participar en la creación o compra de sociedades que controlan las citadas plataformas.

Igualmente ese sistema de trabajo basado en jornadas extenuantes, se surtiría de inversores y especuladores que participarían en una cadena de compraventa de licencias VTC que se obtienen por una tasa administrativa de 32€ en la Comunidad de Madrid con la excusa de que van a prestar un servicio público, pero que inmediatamente revenden por precios que oscilan entre los 30.000 y 50.000 € (vehículo al margen), haciendo un jugoso negocio a costa de choferes precarios que, en la necesidad de obtener un puesto de trabajo, se endeudan en una suerte de estructura piramidal que les impide salir de la misma si no incumplen la normativa para lograr un margen comercial que sería inalcanzable de otro modo.

Estas multinacionales organizan un entramado de empresas y condiciones de acceso a su red de proveedores que, suprimiendo cualquier autonomía en la dirección de los empresarios o falsos autónomos que constituyen dicha red, les ofrecen desde la licencia VTC hasta el concreto vehículo que han de adquirir y las condiciones y entidad financiera con la que han de efectuar la compra y acceso al trabajo que les ofrecen.

Además, FEDETAXI interesará de la Justicia que investigue si pudieran estarse infringiendo las normas tributarias en estas transacciones en las que estiman se han podido hacer ya operaciones por más de 150 millones de euros, sin que aparentemente estén reflejadas en las cuentas de las sociedades que participan de este entramado (que además están radicadas en última instancia en paraísos fiscales); si bien esto requiere de una investigación que precisa de la implicación de la Agencia Tributaria, a quien también los taxistas acudirán para que se depuren las responsabilidades que puedan haber existido.

Además de un “modus operandi” respecto a sus chóferes se está comprobando que estas multinacionales “pese a que presumen de transparencia y trazabilidad de sus operaciones esconden elusión fiscal y fraude laboral de un modo estructural, que habrá que investigar si pudiera ser delictivo”, indicó Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI, organización mayoritaria del sector.

Por este motivo, entre otros muchos FEDETAXI ha convocado una manifestación el próximo martes 30 de mayo ante el congreso de los diputados, donde bajo el lema “Frente al desmantelamiento del servicio público de taxi”, exigirá de la clase política que afronte un problema que crece por días y alertara a la sociedad en su conjunto de la necesidad de un modelo de movilidad urbana que sea sostenible y no genere precariedad.

“Resulta sangrante como nuestros políticos han dejado en manos de los tribunales y las multinacionales la política de movilidad en España, y desamparados a más de 100.000 trabajadores autónomos y asalariados del taxi. Por eso, no vamos a consentir que esta situación persista y no pararemos de ponerlo en evidencia”, señaló Leal.