Dado el progresivo incremento en la oferta de los vehículos de alquiler con conductor -que pueden llegar a incrementar la flota en al menos 15.000 vehículos a corto plazo-, junto con los planes para la absoluta desregulación del servicio público de taxi en España como ya ocurre en otros países de la Unión Europea (en la vecina Portugal se está tramitando un proyecto de Ley para la desregulación del sector y dar entrada libre a multinacionales de la economía extractiva como Uber), FEDETAXI insta al Gobierno a tomar medidas efectivas a favor de los trabajadores autónomos del servicio público del taxi y abordar en el presente ejercicio el establecimiento de un Plan de Ayudas al Abandono de la Profesión de Taxista por el que se compense económicamente a los taxistas que aúnen prejubilación y cese en la actividad.

La medida es semejante a las líneas que ya mantiene el Ministerio de Fomento desde hace décadas para los trasportistas de mercancías y autobuses, cuyo contenido presupuestario ha variado en las últimas décadas llegando a alcanzar los 120 millones de euros en algún ejercicio. Sin embargo, hasta la fecha, han estado vetadas a los taxistas. Las vigentes ayudas, cuya ampliación a los taxistas solicita FEDETAXI, son de carácter social y como apoyo a la prejubilación de personas que han prestado servicios en un sector con un serio desgaste de salud y peligrosidad como el transporte.

Aunque deberían de perfilarse algunos detalles de la propuesta una vez se determine acometerla, dicho Plan sería aplicable, en principio, a aquellos taxistas que, con una antigüedad en la profesión de al menos 20 años, superen una edad de 58 años y entreguen su autorización de transporte a la administración otorgante a la par que suscriben un compromiso de retirarse de la actividad de modo que no vuelvan a prestar servicios como taxista ni conductor de transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas.

A cambio de esta retirada, se les otorgaría una compensación económica por la citada autorización o licencia y un complemento de su pensión de jubilación hasta el cumplimiento de la edad reglamentaria. Tanto la compensación económica como el complemento, podrían tener forma de deducción fiscal o rebaja impositiva, a fin de compatibilizarse adecuadamente a las previsiones presupuestarias del Ejecutivo.

La medida podría beneficiar a 4.000 taxistas en cada uno de los cuatro próximos ejercicios y suponer un coste bruto de 500 millones de euros en la recaudación para el Estado. No obstante, esta cantidad tendría un enorme retorno de aplicarse las medidas de inspección contra el intrusismo y control fiscal y social de las plataformas digitales de falsa economía colaborativa, respecto a la elusión fiscal que practican y que viene denunciando FEDETAXI. De este modo, una adecuada tributación de las mismas generaría suficientes ingresos para las arcas públicas como para soportar una medida social como la que se propone.

El Presidente de la organización representativa de los taxistas de España, Miguel Ángel Leal, asegura que “retornar al erario público la gigantesca elusión fiscal que practican estas plataformas y lobbies de multinacionales de la falsa economía colaborativa, que además están promoviendo la reconversión encubierta de nuestro sector, sería, como mínimo una cuestión de justicia social y distributiva, que nuestro Gobierno no debe soslayar, salvo que se vaya a convertir en cómplice de esta situación”.

La cooperación de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en la implementación de esta medida, atajando cargas fiscales directas al colectivo de los taxistas, podría además solucionar problemas históricos de  sobredimensionamiento de la flota de taxis en algunas de las ciudades de España, favoreciendo la cohesión social y la eficiencia de los servicios públicos de transportes en dichos territorios. Cabe recordar que España con 45 millones tiene en torno a 70.000 taxis y países como Alemania con más de 80 millones de habitantes, no alcanzan la cifra de 50.000 vehículos taxi.