El conflicto entre taxistas y empresas VTC (con licencia de vehículo de alquiler con conductor, como Uber y Cabify) puede agravarse en los próximos meses, porque se espera un fuerte incremento de concesión de licencias para empresas como Uber y Cabify a través de sentencias judiciales. El Gobierno ya ha advertido que en los próximos meses se van otorgar vía judicial “miles» de licencias VTC a medida que prosperen los recursos interpuestos por las empresas apoyándose en el vacío legal que creó la Ley Ómnibus de liberalización de servicios del último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley provocó que se impugnara ante los tribunales la norma de proporcionalidad entre ambos sectores de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

Hasta que el Ministerio de Fomento, ya con Gobierno del PP, volvió a cambiar la ley en 2013, se creó un vacío legal aprovechado por las empresas VTC que reclamaron a los tribunales las licencias entre 2009 y 2013 y están ganando todos los recursos. De hecho, de las 5.928 autorizaciones para licencias de VTC existentes, 3.740 han sido obtenidas vía sentencia judicial desde esa fecha. Con la norma de un VTC por cada 30 taxis, solo tendrían que existir 2.188 autorizaciones VTC, según fuentes oficiales.

Para enredar más el conflicto, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha recurrido judicialmente precisamente el Real Decreto que restableció esa proporción 1/30.

Plan de inspección

Por otra parte, el Ministerio de Fomento pondrá en marcha junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos un plan para reforzar las inspección a las empresas de vehículo con conductor que operan con licencia VTC , como Uber o Cabify, para garantizar que cumplen con la normativa actual.

Las inspecciones controlarán especialmente que exista una contratación previa de los servicios por parte del viajero, porque las VTC tienen prohibida parar por la calle ni estar en paradas, algo reservado solo al taxi.

El Ministerio de Fomento ha convocado una reunión para el próximo martes, día 6, a los responsables de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y los principales ayuntamientos afectados como Madrid y Barcelona, para diseñar el reforzamiento del plan de inspección.

En lo que va de año, Madrid, que es el municipio con mayor conflictividad por la implantación de Cabify y Uber, se han inspeccionado en torno a 5.000 vehículos de VTC, de los que algo más de 1.000 han sido sancionados por captación de clientes. La mayor parte de estas inspecciones han sido realizadas por la Comunidad de Madrid ya que el Ayuntamiento solo ha realizado 75.

En 2016, se incoaron 589 expedientes a transportes de viajeros en vehículos de menos de 9 plazas –tanto VTC como taxi- y se realizaron 172 campañas de inspección. Además, dentro del plan específico de control de plataformas digitales en vehículos turismos particulares se incoaron 415 expedientes de los que 355 corresponden a Madrid.

Competencias limitadas

En realidad, el Ministerio de Fomento solo tiene competencia para coordinar las actividades de inspección con las comunidades autónomas que, a su vez, se tienen que coordinar con los ayuntamientos, que son los que conceden las licencias. Corresponde a las comunidades con el apoyo de la policía municipal los controles físicos en puntos como estaciones o aeropuertos, mientras que el Ministerio realiza las inspecciones en carretera, apoyado por la Guardia Civil, y auditan a las empresas de VTC. Ese lio competencial ha provocado conflictos entre administraciones, como el que de la Comunidad de Madrid que ha solicitado más policías municipales al Ayuntamiento de Madrid, para acompañar al inspector.

El Ministerio pretende cambiar la norma para permitir que un policía municipal debidamente formado en la materia pueda levantar un acta de inspección sin necesidad de tener la presencia del inspector de la comunidad.

El País