La lucha contra el intrusismo en el transporte vuelve a intensificarse en Ibiza en plena temporada turística. La Guardia Civil ha denunciado a 14 conductores por realizar servicios ilegales de transporte de pasajeros, conocidos como actividad de conductor pirata, y ha procedido a la inmovilización de los vehículos utilizados.
Los operativos se han desarrollado en distintos puntos de la isla desde el inicio del verano, dentro de los controles habituales para detectar prácticas irregulares. Según fuentes del instituto armado, los denunciados ofrecían trayectos a cambio de dinero utilizando tanto vehículos particulares como coches de alquiler, sin contar con la correspondiente autorización administrativa.
Desde la Guardia Civil advierten de que este tipo de actividad ilegal no solo perjudica gravemente al sector del transporte regulado, sino que también supone un riesgo directo para los usuarios. Los pasajeros que recurren a estos servicios viajan sin garantías legales, sin seguros adecuados y fuera de cualquier control normativo.
Además, los agentes alertan de que, en algunos casos, este tipo de actividad puede estar vinculada a otras prácticas ilícitas, lo que incrementa la preocupación en torno a la seguridad.
Sanciones que superan los 15.000 euros
Las consecuencias para quienes ejercen como conductor pirata pueden ser muy elevadas. Cuando son sorprendidos realizando un servicio con pasajeros, las multas pueden superar los 15.000 euros, sin posibilidad de reducción, además de la retirada inmediata del vehículo.
Incluso en los casos en los que solo se detecta la oferta del servicio ilegal, las sanciones pueden alcanzar los 6.000 euros.
Por ello, las autoridades insisten en la importancia de utilizar exclusivamente servicios de transporte autorizados, ya que garantizan la seguridad del usuario, la transparencia en las tarifas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Los controles continuarán durante toda la temporada estival, en coordinación con otras administraciones y organismos competentes, con el objetivo de frenar esta práctica y proteger tanto a los usuarios como al sector profesional.
Fuente | diariodeibiza.es
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