Representantes del sector a nivel autonómico y provincial se reunieron ayer con el consejero de Fomento, Felipe López.

La Junta de Andalucía se comprometió ayer ante los taxistas de Málaga a tratar de frenar en los tribunales la concesión de nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), toda vez que las 436 concesiones vigentes en la provincia para estos coches que operan a través de plataformas como Cabify frente a los 2.583 taxis superan con creces la ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis que marca la normativa. La Consejería de Fomento ya suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones por la vía administrativa, pero los demandantes siguen ganando la batalla en los tribunales aprovechando un vacío legal existente hasta 2013, una circunstancia en la que están trabajando los servicios jurídicos del Ejecutivo regional para corregirla. Ésta fue la principal novedad de la reunión que representantes del taxi a nivel autonómico y provincial mantuvieron ayer en Sevilla con el consejero de Fomento, Felipe López. Este encuentro estaba previsto para hoy, pero se adelantó por cuestiones de agenda del dirigente andaluz.

La cita, que concluyó pasadas las nueve de la noche, también sirvió para seguir avanzando en las medidas de control sobre la actividad de las VTCa las que López ya se comprometió el pasado 16 de agosto y que posibilitaron que los taxistas de Málaga pusieran fin cuatro días de huelga. En este sentido, destaca la creación de una página web como la que está preparando Cataluña que sirva de base de datos para registrar todos los servicios de las VTC, tanto las que tienen licencia en Andalucía como las que vienen de otras comunidades como ocurrió con los 35 coches de Cabify desplazados desde Madrid para aprovechar el tirón de la feria. Aunque se pueda ir avanzando en su elaboración, su puesta en marcha está supeditada al decreto anunciado por el Ministerio de Fomento para permitir a las autonomías la creación de estos registros electrónicos públicos. Del mismo modo, también se suscribirán convenios con los ayuntamientos para reforzar la inspección a través de la Policía Local, a cambio de que las arcas municipales puedan quedarse con parte de la multa.

Diario Sur