Si la Comisión Bilateral cuenta con un plazo de 6 meses para cambiar algunos puntos de la ley, los grupos parlamentarios en Las Cortes deberían aprobar una ampliación o prórroga de los plazos previstos en el Nueva Ley del Taxi para evitar daños y perjuicios por su aplicación

La Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana han solicitado ahora a Les Corts una moratoria del plazo que la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la CV marca para que los taxistas con más de una autorización puedan adaptar su segunda y tercera licencia.

En concreto, tras la decisión del Gobierno Central de constituir la Comisión Bilateral, donde poder estudiar durante los próximos meses con la Conselleria los puntos de la ley que pueden ser inconstitucionales, “consideramos que los grupos parlamentarios en Les Corts deberían aprobar en el próximo pleno una ampliación o prórroga del plazo de 6 meses previsto en la Disposición Transitoria Primera para poder adaptar las autorizaciones que exceden de una hasta un máximo de dos para evitar los daños y perjuicios de su pronta aplicación si luego la Comisión decide modificar este punto de la ley ”, asegura el presidente de ambas asociaciones, Ismael Arráez.

Por este motivo, en representación de la Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia y de la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana, Arráez ha solicitado a los grupos políticos representados en Las Cortes que, en la forma que el derecho proceda, se acepte una prórroga o ampliación de 2 años del plazo estipulado en la Nueva Ley del Taxi para poder adaptar las licencias. Tal y como indica el Presidente: “Incluso les hemos pedido la posibilidad de que se suspenda la aplicación de este plazo hasta que se resuelva la situación, ya sea por la Comisión Bilateral, por las Cortes Valencianas o por el Tribunal Constitucional”.

Y es que, como en la reunión con el Delegado del Gobierno se indicó a los representantes de la Asociación Gremial, esta Comisión Bilateral cuenta con el plazo de 6 meses para deliberar sobre las discrepancias existentes en cuanto a la posible inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley y previsiblemente el plazo estimado de resolución de la situación será de 2 años. Por una parte, si se alcanza un acuerdo en esta Comisión y se procede a la modificación de este punto concreto, hay que tener en cuenta el tiempo de tramitación parlamentaria y requisitos legales que requiere; y por otra parte, si la Comisión finaliza sin acuerdo y el Gobierno Central procede a interponer el recurso de inconstitucionalidad, hay que tener en cuenta también el tiempo de tramitación que ello conlleva hasta que el Tribunal Constitucional emita su dictamen. “En ambos casos, los plazos previstos en la Disposición Primera y Segunda para adaptar habrán precluido antes de que exista una resolución judicial, habiéndose causado ya una serie de daños y perjuicios que serán de imposible o difícil reparación y que merecerán un resarcimiento e indemnización por parte de la Administración Pública Autonómica con motivo de la responsabilidad patrimonial que le es propia”, añade Ismael Arráez.

Aceptando esta moratoria, la Asociación Gremial cree que todavía Las Cortes está a tiempo de evitar que cientos de familias se vean afectadas por esta ley que ahora se debate en la Comisión Bilateral, además de librar al Consell del desembolso de millones de euros en indemnizaciones a los afectados que adapten en el tiempo marcado por la ley antes de su posible modificación.

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