La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinados artículos del Reglamento del Area Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). El organismo considera contrarios a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, la obligaciónde contratar el servicio de Uber y Cabify, por ejemplo, con 60 minutos de antelación. Tal condición perjudica, en su opinión, a los consumidores.

En un comunicado, la CNMC apuntan otras medidas que, en su opinión, también inciden negativamente en la prestación del servicio a los usuarios finales. En concreto, destaca la prohibición de la geolocalización del vehículo VTC con carácter previo a la contratación del servicio y la prohibición de que estos coches puedan estacionar o circular por vías públicas cuando no estén prestando un servicio, lo que les obliga a permanecer estacionados en aparcamientos o garajes autorizados. En el recurso también incluye la restricción de los días en que los VTC pueden operar.

Todas estas medidas provocan «mayores precios, menor calidad e innovación, disminuyen la oferta disponible y eso se traduce en  mayores tiempos de espera», indica la nota de la CNMC. El organismo recuerda que, con carácter previo, en julio del pasado año habían recurrido también ante el TSJ de Cataluña el Reglamento aprobado por la AMB para regular el servicio VTC en el área metropolitana de Barcelona. Entre otras medidas, dicho reglamento exigía una autorización específica para poder prestar servicios en dicho ámbito.

Actualmente, dicho reglamento se encuentra suspendido tras la decisión del TSJ de Cataluña de adoptar las medidas cautelares solicitadas por la CNMC. El organismo recuerda que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la conveniencia de realizar una reforma integral de la regulación del servicio de transporte discrecional de pasajeros. «Dicha regulación global permitiría establecer un marco jurídico que evite discriminaciones injustificadas entre las autoridades del taxi y de VTC», insisten desde la CNMC.

El País