La Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia se reunió este lunes con el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, técnicos de la Conselleria y representantes de la Oficina Técnica del Taxi para abordar la actualización de las tarifas del sector. El encuentro estuvo marcado por la reciente sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la tercera consecutiva en la que el alto tribunal da la razón al sector frente a la administración autonómica.
El eje del conflicto radica en el método de revisión tarifaria utilizado por la Generalitat. Según el ejecutivo autonómico, la falta de datos fiables impide elaborar informes precisos, por lo que se recurre a un sistema de costes ponderados. La Federación, sin embargo, denuncia una “falta de voluntad política” por parte de la Conselleria, y acusa a sus responsables de haber impulsado medidas que han perjudicado de forma sistemática los ingresos del sector.
Los sindicatos lamentan también que la Generalitat haya aplicado de forma estricta la Ley de Desindexación, mientras otras comunidades la obvian, y denuncian decisiones como la congelación de suplementos, la gestión desfavorable de las tarifas interurbanas o la unificación de mínimos de percepción, que –afirman– vulnera incluso la Ley de Metrología.
Además, señalan que se han modificado las órdenes de tarifas para evitar que los suplementos se sumen al mínimo de percepción, y critican la falta de respuesta del Consell a la hora de introducir suplementos adaptados a nuevas necesidades del servicio como vehículos de mayor capacidad, nuevas estaciones o eventos nocturnos.
Durante la reunión, los responsables técnicos insistieron en la necesidad de recopilar datos reales de ingresos y gastos mediante voluntarios, instando a las asociaciones a colaborar. El economista de la Federación denunció errores estructurales en el modelo de cálculo utilizado, asegurando que incluso los técnicos admiten que carecen de herramientas adecuadas para un análisis riguroso.
La Federación lamentó que no se abordara la elaboración de una nueva Orden de Tarifas Interurbanas, situación que –según afirman– genera un vacío legal hasta 2027 y deja desprotegidos a profesionales que prestan servicio en zonas como Alicante, donde son multados por cuestiones como el uso del taxímetro.
El director general de Transportes propuso una nueva reunión la próxima semana. La Federación esperará a ese encuentro para decidir si convoca nuevas movilizaciones, aunque ya ha advertido que no dudará en salir de nuevo a la calle si no se atienden sus reivindicaciones y se actualizan tanto las tarifas urbanas como interurbanas, que, aseguran, siguen muy por debajo de la realidad del sector.
Fuente | elperiodicodeaqui.com
