La Generalitat, y por extensión el sector del taxi, apuran sus opciones para apuntarse una victoria en los juzgados ante las plataformas de alquiler de vehículos con conductor. Y es que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno valenciano contra la concesión de 50 licencias VTC (permisos para poder operar en el mercado de arrendamiento de vehículos con conductor) a Ares Capital, propietaria de la firma Ares Mobile, que había pedido estas autorizaciones para su negocio en Alicante.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (sección cuarta) sí validó estas licencias para Ares Mobile mediante una sentencia dictada el ocho de noviembre de 2017.

La Abogacía de la Generalitat recurrió ese pronunciamiento del TSJCV al considerar que la concesión de las licencias era ilegal, y ahora el Supremo, concretamente la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativa, ha estimado los argumentos del abogado de la administración autonómica para revisar la cuestión, por lo que las autorizaciones VTC están en el aire.

De este modo, el Gobierno valenciano y el taxi, este último en pie de guerra contra plataformas como Uber y Cabify (esta opera ya en Valencia), a las que acusan de competencia de desleal, se agarran a la estimación del recurso para tratar de ganar el combate, uno de los muchos que hay pendientes en los tribunales a cuenta de la concesión de este tipo de licencias.

Según las cifras que ofrecen las asociaciones de taxistas, hay unas 2.000 licencias VTC solicitadas para operar, de ahí la presión del sector a la Generalitat para que trate de bloquear la concesión de estos permisos en los tribunales, que es donde se libra la batalla.

Ahora mismo solo se puede dar una licencia VTC por cada 30 taxis. El sector cree que si se produce una avalancha de concesiones, esta ratio que fija la ley quedará en nada. El Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, está rechazando esta avalancha de licencias solicitadas por las empresas de alquiler de vehículos con conductor; alega que se quebraría esa ratio legal de un permiso por cada 30 taxis.

El proceso

El auto del Supremo que va a estudiar el caso de las 50 licencias para Alicante de Ares Mobile recuerda que primero fue el juzgado de lo Contencioso-Administrativo números dos de Alicante (15 de noviembre de 2016), el que dictó una sentencia oponiéndose a la concesión de estas autorizaciones pedidas por Ares Mobile. La empresa interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que estimó este recurso y revocó la sentencia de primera instancia, por lo que reconoció el derecho de la empresa a las autorizaciones solicitadas.

El TSJCV sostuvo que la concesión de las licencias se ampara en la Ley 25/2009, de libre acceso a actividades de servicio, que convirtió la actividad -el alquiler de vehículos con conductor- «en libre», así como en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El tribunal valenciano defendió que desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres hasta la entrada en vigor del decreto que modifica esta norma y la orden ministerial que desarrolla la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, «ni la Comunidad ni el Estado habían regulado la limitación de autorizaciones VTC, por tanto el mercado era libre». Dado que no había norma concreta a aplicar en este sentido, la actividad era de libre acceso y por tanto se debía autorizar a la empresa a operar libremente.

La Abogacía de la Generalitat recurrió la decisión del TSJCV ante el Supremo, al entender que se había vulnerado la propia jurisprudencia del alto tribunal, en la que «se constata la cobertura y la legitimidad de la limitación reglamentaria al número de autorizaciones en este ámbito». También esgrime «la existencia de contradicción entre los pronunciamientos de diversos órganos judiciales», ya que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante denegó las licencias y el TSJCV las autorizó. La Abogacía concluye que las limitaciones impuestas por el Consell a la hora de restringir el número de licencias VTC en el mercado autonómico «resultan legítimas».