La Junta de Andalucía alega que regulará la actividad de los VTC, pero con seguridad jurídica

Málaga, con un VTC por cada 1,4 taxis, es la provincia española con mayor competencia directa entre ambos servicios de transporte

VTC Valencia

El primer asunto con el que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se topó cuando asumió el cargo en enero de 2019 fue el conflicto latente del taxi por la proliferación de vehículos turismos con conductor (VTC) de la mano de plataformas como Uber y Cabify en Andalucía en general, y especialmente en Málaga, que es la provincia española con mayor competencia directa entre ambos medios de transporte con una proporción de un VTC por cada 1,4 taxis (1.945 frente a 2.770). Desde entonces, la Junta ha tratado de encontrar un equilibrio entre ambos servicios de transporte mejorando la competitividad del taxi y limitando la actividad de los VTC. El primer objetivo vio la luz el pasado mes de febrero, con la entrada en vigor del decreto de modernización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de compartir vehículo o la contratación a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar el trayecto. Sin embargo, la regulación de los VTC sigue en punto muerto debido a la falta de consenso y, fundamentalmente, por las dudas jurídicas que tienen en Fomento a la hora de aplicar unas restricciones que podrían acabar en los juzgados.

De hecho, se miran en el espejo de Cataluña y País Vasco, donde la imposición de la precontratación con una antelación mínima de una hora y 30 minutos, respectivamente, fue suspendida de forma cautelar por los tribunales «por ser contraria a la libertad de empresa y discriminatoria». Además, en otras regiones como Baleares también ha sido impugnada por el sector de los VTC. «Estamos intentando encontrar soluciones a un problema con el mayor consenso posible, pero nos encontramos en el mismo punto que hace dos años, con una inseguridad jurídica absoluta para poder regular de forma autonómica porque el decreto del Gobierno central transfirió esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Algunas han regulado, pero están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales millonarias», ha advertido Carazo a preguntas del PSOE y Adelante Andalucía durante la comisión de Fomento del Parlamento andaluz celebrada este miércoles

En este sentido, cabe recordar que mediante el citado decreto aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2018 el Gobierno habilitó a las comunidades autonómas y a los ayuntamientos para que puedan regular este sistema de transporte, concediéndoles una moratoria de cuatro años. A partir de ese periodo, todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, de forma que para poder seguir operando en trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales.

«Este Gobierno va a regular, pero con seguridad jurídica. Mientras, seguimos trabajando y buscando soluciones con los VTC y con los taxistas, e incrementando las labores de inspección y control para evitar el intrusismo y la captación ilegal de viajeros», ha remarcado la consejera, quien ha reconocido que es «difícil regular» esta actividad porque afecta a la libre competencia.

Como alternativa a ese intervalo temporal para garantizar esa precontratación obligatoria de los VTC (estos coches sólo pueden prestar servicio bajo contratación previa, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública), la Dirección General de Movilidad planteó en noviembre de 2019 la posibilidad de prohibirles estacionar sin estar precontratados alrededor de zonas de gran demanda de viajeros como estaciones, áreas comerciales, hoteles o cualquier lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural o social. En esta misma línea de impedirles la captación (lo tienen prohibido) también se expuso la idea de limitar su geolocalización previa a la contratación para así evitar que aparezca en la ‘app’ y el usuario, al comprobar que alguno de estos vehículos está cerca, solicite sus servicios. De momento, estas medidas tampoco se han materializado.

Diario SUR

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