La junta de Andalucía trata de conciliar las tensiones entre el sector del taxi y los VTC mediante un acuerdo

La Consejería ve avances para que el 1 de octubre «convivan los dos sectores»

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía busca un acuerdo de última hora que satisfaga a las dos partes del sector del transporte en conflicto, los taxistas y los VTC. El decreto ley que regule estos últimos, los coches pertenecientes a compañías como Uber o Cabify, tiene que estar listo como muy tarde el 30 de este mes. Desde Fomento señalan que se están produciendo avances y que buscan el máximo consenso posible «para que convivan los dos sectores y el usuario tenga los mejores servicios posibles».

Fomento defiende que ya en 2019 elaboraron un reglamento para el taxi donde se recogían muchas de sus reivindicaciones, como el transporte de viajeros entre distintos municipios o el aumento de inspecciones de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

Hoy se han reunido con los taxistas en la consejería desde las nueve de la mañana hasta pasada la una de la tarde. El sector del taxi no vio avances en las negociaciones. «La administración se enroca en propuestas que no tienen ningún sentido», apuntó en declaraciones a Europa Press el presidente de Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano. Desde esta asociación denuncian que en los últimos cuatro años no se han cumplido «la inspección, sanción y control de los VTC». Cuestiones que no ven viables porque «ni hay efectivos de inspectores, ni a las policías locales le interesa el asunto, ni los ayuntamientos ponen medios» para vigilar lo que tacha de «ilegalidades diarias» por parte de los VTC. Así que la posición de Fomento a este respecto, ha dicho, les «molesta» porque «parece que nos toma por ignorantes».

Ruano subraya en que nadie en el sector del taxi «quiere que desaparezca los VTC», pero sí demandan «una limitación en el número» y que se establezcan al menos 15 minutos de precontratación del servicio. Asimismo, ha llamado la atención sobre el papel de los ayuntamientos de salir adelante el decreto de la Junta, dado que considera que «se van a vulnerar competencias» locales. Si este extremo se confirma, el taxi emprenderá acciones legales. «Este proceso que llevamos años sufriendo no va a terminar por la aprobación en Consejo de Gobierno de ese decreto», ha avisado. El taxi andaluz mantendrá este jueves sus protestas en la capital andaluza contra esta regulación, como ha sucedido durante las dos semanas previas, en las que se han concentrado ante el Parlamento y la Consejería de Fomento.

En la parte contraria, la Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC, Andeval, acusa al taxi de estar «presionando a la Junta» con un «argumentario engañoso» para que se incluyan en la regulación «restricciones» que acaben por hacer su actividad imposible. Argumentos, ha dicho a través de un comunicado Andeval, que el taxi «esgrime para generar confusión entre la opinión pública y tratar de influenciar a su favor el devenir de una regulación que, de finalmente incorporar las restricciones desproporcionadas que exige el sector del taxi, supondría la desaparición de la VTC en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región».

Andeval teme que la nueva regulación andaluza «sea lo más parecida al modelo aprobado en Cataluña, donde el sector VTC está casi desaparecido y la escasez de alternativas de transporte se ha convertido en un problema de primer orden». Algunos de esos puntos son que los VTC «roban el trabajo al taxi», algo que estos vehículos niegan apuntando que en Andalucía «hay una gran escasez de taxis y VTC como lo demuestra el hecho de que el mismo sector del taxi malagueño ha pedido un aumento de licencias».

También rechazan que hagan competencia desleal al taxi, sosteniendo que no se les ha condenado por este motivo nunca; o que son «un servicio de lujo» y por tanto ser diferentes a los taxis, ante lo que sostienen que ya son diferentes en el modo de contratación y la fijación de precios. «Que los VTC deben ser servicios de lujo es un invento del taxi para eliminar su competencia», agrega Miguel Ruano, presidente de FAAT. Sobre este último punto, niegan tener precios abusivos, apuntando que de media son un 30% más baratos que el taxi y que el hecho de que puedan «aumentar sus precios puntualmente para dar servicio en momentos de gran demanda» ha resultado «de gran utilidad en grandes eventos para garantizar la disponibilidad del servicio».

También afirman que no recogen a clientes a mano alzada —«eso es ilegal»—, subrayan, a la par que defienden «un servicio seguro, que no precarizan el empleo porque cuenta con convenio colectivo en Málaga y ahora lo está negociando a nivel regional con UGT y CCOO y que contribuyen con muchos más impuestos que el taxi» porque «tributan sobre el beneficio real anual», mientras que los taxistas «tributan por módulos».

A raíz de estas negociaciones, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reprochado al Gobierno andaluz que «no ha hecho los deberes» de manera que afronta «una situación crítica a diez del vencimiento del plazo», el 1 de octubre, sin que lo haya hecho. En una entrevista con Canal Sur Televisión, Fernández ha considerado que «la patata caliente» que el Gobierno andaluz considera haber recibido del Estado para elaborar una norma reguladora del sector «se le ha pasado hace cuatro años y a todas las comunidades autónomas» y ha puesto de manifiesto que «la mayoría de las comunidades han elaborado su reglamento en base a un esquema, unos principios básicos que ha regulado el Gobierno». «Si los VTC no están regulados en Andalucía, no pueden operar», ha colegido el delegado del Gobierno, para advertir consecuentemente que «se genera una crispación importante en los sectores vinculados al transporte de pasajeros, taxis o VTC».

 

sevilla.abc.es

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