La Audiencia Provincial de Madrid examinará de este modo el origen de esta supuesta práctica fraudulenta con la que las VTC sortearían las revisiones anuales obligatorias y el pago de la ITV

El pasado mes de mayo, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y Taxi Project presentaron de manera conjunta una querella contra una docena de empresas de VTC que fue admitida a trámite. De este modo, dichas empresas fueron acusadas de adscribir vehículos a las autorizaciones sin cambiar su código de clasificación en la ficha técnica y en el permiso de circulación.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid decidió archivar en octubre de 2023 esta querella contra Ignacio Álvarez Carloni, Auro New Transport Concept S.L y once personas físicas más como representantes de las empresas de vehículos VTC, por los delitos de falsedad documental y estafa.

Ambas asociaciones del sector del taxi decidieron apelar esta decisión al considerar que era improcedente sobreseer el procedimiento sin tan siquiera haber iniciado una investigación y ahora la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto publicado hoy, ha admitido dicho recurso, por lo que se investigará si cometieron o no los delitos citados.

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), ha recordado que, “aunque sea un proceso más largo de lo deseado, tendemos a creer que la verdad y la justicia siempre salen a la luz”. Y es que, recuerda Sanz, “esta práctica de cambiar matrículas azules por blancas se puede pagar muy cara porque, si un vehículo de estas plataformas sufre un accidente, los usuarios no tienen garantizados los derechos que la normativa exige”.

Por su parte, el coordinador de Taxi Project, Alberto Álvarez, ha señalado el “acierto” por parte de la Audiencia Provincial de Madrid a la hora de investigar las prácticas de los VTC alimentadas por “la incesante necesidad de obtener un beneficio económico a costa de controles menos rigurosos y frecuentes en el tiempo”. “¿El civismo y la responsabilidad por parte de las VTC? Ni está ni se le espera”, sentencia Álvarez.

Conviene recordar que esta práctica fraudulenta consiste en un doble juego en el que las VTC sortean las revisiones anuales obligatorias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el pago de estas mientras que, por otro lado, estarían usando vehículos de alquiler ordinario con un código de clasificación “trampeado”. Una fórmula que, según estimaciones, “permite ahorrarse un 60% de las inspecciones comparándolas con el sector del taxi”, según afirman las entidades denunciantes.