La flota de coches que trabaja con Uber y Cabify crece de forma imparable en plena ofensiva del Gobierno y los principales Ayuntamientos por limitar su expansión. Sólo en los tres últimos meses, coincidiendo con la elevación a rango de ley de la normativa que fija una proporción de 30 licencias de taxi por cada una de VTC (vehículo turismo con conductor), el número de estos vehículos se ha disparado entre un 30 y un 60% en las principales capitales de España hasta, por ejemplo, casi igualar a la flota de taxis en Madrid durante los fines de semana, cuando está prohibido que circulen la mitad de los vehículos del gremio. En concreto, en lo que va de año se han sumado 2.607 licencias de VTC a las flotas que operan con las plataformas tecnológicas en Cataluña (especialmente Barcelona), Andalucía y Madrid, elevando el total nacional a las 9.366, el 39% más.

La capital de España es la que concentra el mayor crecimiento con 1.572 coches más en apenas seis meses, tendencia que se ha acelerado desde mayo. Así, desde que empezó 2018 y pese a las amenazas de regulación y limitaciones, la flota de Uber y Cabify ha crecido un 63% hasta los 4.308 vehículos. Esta oleada de licencias ha llevado a que en Madrid haya una licencia de VTC por cada 3,5 taxis, ratio que se rebaja a 1/1,7 en los fines de semana. A nivel nacional, el ratio se ha reducido hasta un coche de Uber o Cabify por cada 6,9 taxis mientras que en Cataluña, donde la flota se ha incrementado un 66% en lo que va de año, es de 1/8,4.

La proporción de taxis y VTCs está muy lejos del nivel 1/30 fijado por la ley y de los niveles registrados en 2017, cuando el Gobierno se empezó a poner manos a la obra para garantizar «la convivencia ordenada entre ambos sectores». En enero de ese año en toda España había un coche VTC por cada casi 12 taxis mientras que en Madrid el ratio rondaba el 1/8 (el número de taxis en la capital se mantiene estable en el entorno de los 15.500).

Esta oleada de licencias, que todavía no ha terminado, deja en evidencia que las medidas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo no sirven para frenar a corto-medio plazo el crecimiento del sector, que amenaza con reducir aun más el gap entre las flotas. Así, la ley aprobada por el Gobierno y la sentencia del Supremo que respalda la legalidad del ratio 1/30 sólo sirve para evitar que entren en el mercado las más de 60.000 licencias que se han pedido en toda España (la mayoría por parte de Cabify) después de que entrada en vigor el límite como normativa a finales de 2015 (en 2018 se convirtió en ley). Así, de las licencias que se solicitaron entre 2009 y 2015 todavía deben quedar por salir más 6.000.

Madrid y Barcelona son las dos ciudades que más están viviendo el auge de la oferta de las plataformas. Un alza que se ha acelerado en la Ciudad Condal pese a los planes del Ayuntamiento de Ada Colau de prohibir la entrada en Área Metropolitana de Barcelona a todos los vehículos que lograran la licencia VTC después de 2009. Así, y pese a la normativa aprobada hace poco y que lleva meses sobre la mesa, el número de vehículos de Uber y Cabify ha crecido un 43% sólo en un mes hasta los 1.457 vehículos. En lo que va de año se han sumado 580 licencias, casi la mitad por parte de Uber, que entró en la capital catalana hace unos meses de la mano de Alsa.

La normativa todavía no se ha publicado en el Boletín de la Provincia de Barcelona, hecho fundamental para que entre en vigor, y desde el consistorio no han aclarado cuándo se hará. En este punto, hay que dejar claro que el consistorio no tiene la competencia para evitar la circulación de casi 1.000 vehículos de Uber y Cabify ya que modificar la legislación del sector corresponde al Ministerio de Fomento. El departamento que dirige José Luis Ábalos tiene en su mano llevar por la vía judicial a Barcelona para evitar la normativa pero ha decidido optar por la vía del diálogo y prepara una reunión con los principales consistorios para analizar que tipo de medidas se pueden tomar para «asegurar la convivencia de ambos sectores».

En Madrid, los taxistas y la Comunidad están apostando por dar más herramientas al gremio para competir con las plataformas digitales.

Así, Fedetaxi lleva meses negociando con la Comunidad de Madrid un cambio en el reglamento que les permita fijar tarifas máximas en los trayectos y la posibilidad de ofrecer taxi compartido, como hacen Uber y Cabify. El miércoles se reunieron con la consejería de transportes y aseguraron que entraría en vigor en enero de 2019 ya que el texto estaba pasando los últimos trámites.