El Parlament de Catalunya dará el próximo 11 de marzo el primer paso para la tramitación de la nueva ley del taxi, una norma que aspira a redefinir el equilibrio entre el servicio público y las VTC en el área metropolitana de Barcelona.
El texto, registrado por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, superará previsiblemente la enmienda a la totalidad presentada por Vox, gracias a la mayoría parlamentaria que respalda la iniciativa. Con ello, la ley iniciará formalmente su recorrido legislativo tras varios meses de prórrogas.
El taxi como servicio de interés económico general
La pieza central de la norma es clara: reconocer al taxi como servicio público de interés económico general. Este cambio jurídico pretende dotar al sector de un marco estable y reforzar su papel como complemento esencial del transporte público.
El planteamiento implica un giro en la política de licencias urbanas. A partir de la entrada en vigor de la ley, la prioridad recaerá en el taxi para garantizar cobertura territorial y estabilidad del servicio, mientras que las VTC quedarían en una posición secundaria dentro del área metropolitana.
El objetivo declarado por los impulsores es frenar la desregulación y limitar el modelo de expansión de plataformas como Uber o Cabify.
Más control y régimen sancionador reforzado
El texto endurece los mecanismos de supervisión sobre las VTC. Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligatoriedad de instalar dispositivos de geolocalización en las flotas, permitiendo a la administración monitorizar los servicios y detectar posibles infracciones en tiempo real.
Además, se prevén sanciones de hasta 6.000 euros por operar sin autorización o falsificar documentación, y multas de hasta 4.000 euros por captar clientes sin precontratación o incumplir requisitos técnicos.
Desde el entorno del taxi se considera que estas medidas buscan cerrar las “zonas grises” que han generado conflictividad en los últimos años.
Debate lingüístico y calendario
Durante el trámite parlamentario también se abrirá el debate sobre el nivel de catalán exigido a los conductores. Aunque el texto fija inicialmente un B1, algunos grupos ya han anunciado enmiendas para elevarlo al B2.
Si el calendario avanza según lo previsto, las ponencias comenzarán a mediados de marzo en la comisión de Territori. No obstante, la aprobación definitiva podría prolongarse hasta finales de 2026, ya que los grupos han descartado la vía de urgencia para poder perfilar el texto con mayor detalle.
La ley arranca así su recorrido con amplio respaldo político y con la ambición de convertirse en un punto de inflexión en la regulación de la movilidad urbana en Catalunya, en un contexto donde el debate entre taxi y VTC sigue marcando la agenda pública.
Fuente | elperiodico.com
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